La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado la razón al juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Hellín, Juan Montero García-Andrade, que interpuso un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aseguraba que existía una incompatibilidad para que ejerciera como fedatario-administrador de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que no sólo no existe ninguna incompatibilidad para que el juez desarrolle su actividad en la asociación, sino que al decir que si la existía, el CGPJ violó dos derechos fundamentales de Juan Montero, el de Asociación y el de Igualdad, algo que ya habían puesto de manifiesto algunos miembros del Consejo, mediante voto particular.

La sentencia también añade que no se ha visto vulnerado el derecho a la libertad de expresión que el juez también consideraba dañado inicialmente.

En este sentido, la sentencia asegura que «se vulnera el derecho de asociación reconocido en el artículo 22», puesto que «no se desprende que las funciones del fedatario-administrador serán incompatibles con la función jurisdiccional». Además se afirma que se causa «indefensión al recurrente y el acto impugnado debe ser anulado».

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