El juez Andrés Lago daba ayer por concluida la instrucción abierta tras el accidente de un tren Alvia, registrado en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, con la imputación única del maquinista Francisco José Garzón Amo por un presunto delito de homicidio motivado por una imprudencia grave profesional.
En concreto, se especifican 80 homicidios, los correspondientes a las muertes, y 144 de lesiones. La resolución dictada sitúa como causa del siniestro el exceso de velocidad, independientemente de que la seguridad pudiese ser mejor, lo que no se considera objeto de depuración en el ámbito penal. El caso concluye así esta fase, tras las exoneraciones de miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a distintos responsables de la seguridad en la circulación.
Sobre la petición realizada por las partes de realizar nuevas diligencias, el juez entiende que no hay necesidad de ellas para poder celebrar el juicio y recordó que dos de los peritos judiciales coinciden en descartar en la génesis del accidente más contribución causal que la que deriva del exceso de velocidad con la que el tren entró en la curva de A Grandeira, siendo esa la única causa del siniestro.
Sobre los sistemas de seguridad, el instructor sigue el criterio de la Audiencia Provincial de La Coruña, que sostuvo que no existe normativa alguna que obligue a que el tren en cuestión, y la propia infraestructura viaria en particular, estuviese dotada el día del accidente del sistema ERTMS.
Manuel Prieto, el abogado del maquinista, determinó que recurrirá el cierre de la instrucción y lamentó que su clente hacía tiempo que tenía «asumido que iba a ser el pagano» del siniestro.
También las víctimas mostraron su desacuerdo a esta medida judicial al alegar «indefensión», puesto que numerosas pruebas que pidieron a este magistrado, que heredó la causa de Luis Aláez, les fueron denegadas.
«El maquinista es responsable por contestar una llamada en el teléfono corporativo, pero los que cambiaron el proyecto para inaugurar antes la línea y disminuyeron la seguridad, no. No tiene ningún sentido», censuró Jesús Domínguez, uno de los portavoces del colectivo de damnificados.
Así, este perjudicado por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira lamentó que el juez «ve lo que quiere ver» y lo atribuyó a que en este escenario «hay muchos intereses y presiones», que, a su juicio, vienen de altas esferas.
También quiso subrayar la «decepción, frustración e irritación» con que les llegó este nuevo paso de la Justicia, que sitúa más cerca la fijación de una fecha para el juicio oral. «Al final se va a a quedar en nada», matizó.