A unque ya hay un anteproyecto de Ley de Mediación Familiar nuevo que pronto se presentará en las Cortes regionales para su debate y aprobación, de momento la normativa de mediación vigente estable dos requisitos básicos para acceder a este programa y recibir la intervención de los profesionales que atienden los dispositivos de mediación familiar: que uno de los dos cónyuges resida en Castilla-La Mancha y por otro lado, que no haya ningún tipo de demanda o denuncia interpuesta entre ellos «ni por supuesto que exista violencia familiar», según apuntó el mediador del centro, Juan Arturo Pozo Sánchez, que aclaró que «de darse ésta última situación al no estar en situación de igualdad uno de los dos miembros de la pareja no se les puede aplicar la mediación, por lo que se les deriva a otros recursos más especializados en estos casos».

Son pocos los casos en los que hay denuncias por malos tratos de por medio los que llegan al Centro de Mediación e Intervención Familiar, no llegan a la decena en lo que llevamos de año.

La mayoría de las parejas en situación de ruptura llegan a este dispositivo porque lo han oído de otras que han quedado satisfechas con la intervención recibida, porque han sido derivadas de los Servicios Sociales, de los centros de la mujer o por otras vías. En todos los casos ya han sido informados de que aquí pueden resolver su relación de convivencia de una manera amistosa y llegar a acuerdos entre ellos sin necesidad de que un tercero se lo imponga vía sentencia.

María Eugenia Navarro, una de las dos psicólogas del centro que hay en la capital afirma que «cualquier pareja puede venir aquí para resolver sus temas patrimoniales, la guardia  y custodia, los gananciales o la pensión alimenticia, alcanzando un acuerdo en la Mesa de Mediación, que luego redactarán en el acta final del procedimiento de mediación, una de cuyas copias entregarán a su abogado para que redacte  el convenio regulador que siempre respetará esos acuerdos previos alcanzados en la mediación».

También  una vez la pareja se ha separado puede acudir con posterioridad si su situación cambia para modificar de forma pacífica las condiciones del  primer convenio suscrito, a través del programa de postruptura  y reajuste familiar que también se lleva a cabo en este recurso.

La intervención en todo caso nunca excede las ocho o diez sesiones, de una hora o hora y media de duración, aunque eso sí se adapta a las necesidades de cada familia, y si la intervención es con familias y adolescentes, suelen ser en los momentos iniciales de la terapia sesiones semanales.