La legislación vigente sobre administraciones públicas, en concreto la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obliga a que éstas calculen y publiquen, en aplicación del principio de transparencia, su período medio de pago, con la finalidad de que los ciudadanos y sus proveedores conozcan si cada entidad cumple o supera el plazo máximo en el pago de sus facturas previsto en la normativa.
Así tenían que hacerlo desde septiembre de este año y el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas publicó esta semana su primer informe al respecto, que señala que el período medio de pago (PMP) de las comunidades autónomas se sitúa en septiembre en 42,8 días, y el de las corporaciones locales en 24,8 días. Esa cifra indica los días transcurridos, a partir de que se cumple el plazo máximo previsto legalmente (30 días), hasta que se hace efectivo el pago material de la factura.
En el caso de la provincia, los ayuntamientos son más cumplidores de media, al menos al realizar los cálculos con los datos aportados por 49 de los 87 consistorios albacetenses. De estos, 35 pagan por debajo de los 30 días tras el plazo legal, mientras que 14 lo superan, ampliamente en algunos casos. Por tanto, la cifra de incumplimiento es del 28 por ciento, mientras que el PMP se sitúa en 19,4 días. También aporta Hacienda datos de la comunidad autónoma (33,27), la Diputación Provincial (7.96) y tres mancomunidades: Unión Manchuela (0.34), Recu-Ibáñez (0,59) y La Manchuela (0,13).
Todos esos datos se refieren al tercer trimestre de 2014, salvo en el caso de la capital, la Junta de Comunidades y la Diputación, pues como recuerdan desde el Ministerio, y de acuerdo a la legislación, «las Corporaciones Locales que son capital de provincia, de comunidad autónoma o superan los 75.000 habitantes y las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares publican sus datos cada mes».
obligaciones. La cifra de cumplimiento de la obligación de presentar el PMP se sitúa en el 59 por ciento en Albacete, ya que también recuerdan desde Hacienda que todas las Corporaciones Locales han de cumplir este requisito, independientemente de haberse acogido o no a los distintos planes de ajuste estatales.
«En caso de continuar incumpliendo se procederá a dar publicidad del incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de corrección previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», indica el informe ministerial. Entre esas medidas, se cuenta la necesidad de autorización expresa del Estado o la comunidad autónomas para realizar operaciones de financiación a largo plazo.
«Cuando el período medio de pago de una administración, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en dicha normativa, ésta deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería, medidas que le permitan generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores», añaden.
En el caso de entidades incluidas en el modelo de cesión (las que remiten los datos cada mes), «el incumplimiento del PMP durante dos meses consecutivos conllevará que la administración que tenga atribuida su tutela financiera pueda establecer medidas para que lo que reduzca, pudiendo desembocar en una retención de los recursos derivados de la participación en tributos del Estado e implicar el acceso obligatorio de esa Entidad Local a los mecanismos adicionales de financiación».