El Tribunal Constitucional declaró ayer contrario a la Carta Magna el decreto-ley andaluz que permitía la expropiación de viviendas vacías en posesión de las entidades bancarias, pues la medida invade la competencia exclusiva del Estado en materia de «coordinación de la planificación general de la actividad económica» y supone un «obstáculo» a otras medidas del Gobierno central.

La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado con la constitución de un fondo social de domicilios propiedad de las entidades de crédito. Así, entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. Cabe recordar que, de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo y está pendiente de discusión por el pleno.

Asimismo, esta resolución matiza que no puede rechazarse «como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad» que el Gabinete autonómico, para legislar de urgencia «ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda». Así las cosas, agrega que el Ejecutivo andaluz «ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente», de modo que respalda que se emplee el Decreto-ley como «un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que «reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes».

Las protestas contra esta decisión de los tribunales no se hicieron esperar desde la Junta de Andalucía y el portavoz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, lamentó que el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy «festejen» y se «regocijen» de que el Constitucional haya dejado sin efecto cuatro artículos del decreto ley de función social de la vivienda impulsado por la Administración.

«Parece que no sienten el dolor de las miles de familias que han sufrido y sufren el drama de los desahucios», indicó Vázquez, apuntando que a «la derecha le falta humanidad, le sobra arrogancia y no empatiza con la preocupación de la gente».

Por su parte, el coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, calificó como «lamentable» la decisión judicial, a la par que criticó que el órgano jurídico «está al servicio de la troika», con una sentencia que «desmantela el poder autonómico».

Una quita de poder. Maíllo tildó de «lamentable» que el TC «se posicione como un emisario de las instituciones europeas, de la troika, en contra de una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía».

Asimismo, especificó que «hay un desmantelamiento del poder autonómico» en esa decisión porque «no se puede anteponer una competencia transversal y genérica como es la economía, sobre una competencia concreta como la exclusiva en materia de vivienda».