El Instituto de Medicina Legal de Albacete registró el pasado año 95 muertes violentas. Esto no significa que detrás de todas ellas existiera un crimen, ya que dentro de la categoría de violentas se incluyen todas las que no se han producido de forma natural.

En este sentido, según los datos que maneja el organismo, se produjeron 36 suicidios, 30 muertes por siniestros de tráfico, 16 por accidentes de otra índole (como los laborales, las caídas o los ahogamientos) y cinco homicidios. Además al cierre de la memoria estadística había ocho casos en estudio.

Sin embargo, estos 95 casos no son los únicos en los que los forenses de la provincia de Albacete se vieron obligados a estudiar un cadáver para determinar las causas de la muerte, ya que durante 2014 se realizaron 173 autopsias. Un número mayor a las del año 2013, cuando se practicaron 167, lo que implica un aumento del 3,4%.

En cualquier caso, para el director del Instituto de Medicina Legal, Joaquín Garijo González, este crecimiento no es significativo. «Si miramos los últimos cinco años, hay que destacar que desde el año 2010, en Albacete, el número de autopsias realizadas ha sido bastante uniforme y está próximo a las 180 autopsias anuales. Hay poca variación en el número de fallecidos en los que se da parte al juzgado de guardia, el número se mantiene más o menos uniforme».

Sospecha de delito. Además de los casos de muerte violenta, lo cierto es que los forenses también deben investigar y realizar las autopsias de las personas en cuya muerte pueda haber una sospecha de criminalidad.

Estos posibles delitos son los que generan más trabajo en lo que a autopsias se refiere, como señala Garijo. «La sospecha de criminalidad es lo que probablemente nos de un mayor número de autopsias judiciales, que no deberían judicializarse en muchos casos».

Esto se debe a que es el médico que tiene que certificar la muerte quien establece si hay una sospecha de criminalidad y en muchas ocasiones, ese facultativo, no es el médico de cabecera del fallecido que conoce su historial y su patología, por lo que por precaución, en ocasiones excesiva, según el director del Instituto de Medicina Legal, deja el caso en manos de los forenses para que establezcan las causas. En este sentido, cabe señalar que durante el año 2014, de las 173 muertes judiciales que se registraron en el Instituto de Medicina Legal de Albacete 78 fueron por causas naturales, lo que supone un 45,08% del total.

El procedimiento. Cuando se produce un fallecimiento, el médico que debe certificar la muerte, cuando ésta es violenta o hay sospechas de criminalidad, avisa a los forenses.

Una vez que llegan al lugar  examinan el cadáver, en el sitio donde se ha producido el suceso, es la diligencia que se conoce como levantamiento del cadáver. Además se hace una inspección ocular, conjuntamente con la Policía Judicial.

El cuerpo se traslada al depósito judicial de cadáveres, que aquí en Albacete está ubicado en el Hospital Perpetuo Socorro, por un convenio entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Justicia.

Una vez que se termina con la autopsia, se hace un informe preliminar para el juez de guardia, que es quien debe autorizar la licencia de enterramiento, para que el cadáver pase a disposición de los familiares.

El objeto de la autopsia judicial es determinar la causa y el mecanismo de una muerte y la hora en que se produjo. En muchos casos también se debe determinar la identidad del difunto, especialmente si hablamos de carbonización o de un accidente de víctimas múltiples.

Hay que señalar que gracias al estudio histopatológico que se realiza y a la búsqueda de sustancias que se práctica, el 99% de las autopsias esclarecen las causas de la muerte, con lo que prácticamente no se dan las denominadas autopsias blancas.