También plantea la 'institucionalición' de unos "ingresos mínimos" y la obligación del Gobierno regional de facilitar una "solución habitacional" a las familias que sufren un desahucio de su vivienda habitual y a las víctimas de violencia de género. Además, se incluye la idea de marcar "un suelo de gasto social" de obligado cumplimiento por la Junta y medidas contra la pobreza energética.