El plan de lucha contra el fraude en las prestaciones del Gobierno tiene un problema. Lo dice el Tribunal de Cuentas en un informe en el que analiza los procedimientos de gestión y control de las prestaciones que se usan en los Servicios de Empleo, y que concluye, entre otras cosas, que es difícil saber la evolución de los cobros indebidos, así como su evolución. El informe, que analiza los datos de los años 2012 y 2013 y que ha sido publicado este mes, incluye las cifras de cada provincia, aunque ni siquiera hay un dato único del dinero que los desempleados deben devolver al Servicio Estatal de Empleo (SEPE), porque los datos varían según se recojan de una u otra fuente.
DISTINTOS números. El informe menciona que este SEPE proporcionó a nivel nacional «tres cifras distintas» respecto al número de personas que tienen deudas por haber cobrado prestaciones indebidas, y respecto al montante de esa deuda a fecha 31 de diciembre de 2013. Esas tres cifras se corresponden con las estadísticas elaboradas por los Servicios Centrales, el inventario de deudores elaborado y los datos remitidos por las Direcciones Provinciales. Los datos de Albacete son un ejemplo de esas diferencias en el montante de a cuánto asciende la deuda con el SEPE de las personas que recibieron prestaciones que no les correspondían; a finales de 2013 suponía 4,1 millones de euros, si se atiende la estadística de los Servicios Centrales, pero ascendía a 5,54 millones si se atiene a la cifra inventariada.
Aparte, en la estadística figura que hay otros 700.000 euros a devolver al SEPE por prestaciones indebidas que se adscriben a la «responsabilidad empresarial». Teniendo en cuenta lo que en un año reciben la provincia en prestaciones por paro, las cifras de cobro indebido no son altas. En 2013 el pago de estas prestaciones supuso que los beneficiarios en Albacete recibieron más de 267 millones de euros, y en comparación a esa cifra, el dinero pendiente de devolver por cobros indebidos no sería de más del dos por ciento. Además, en la estadística no se reflejan estrictamente los casos que pudieran ser considerados fraudulentos, porque un cobro indebido también se da cuando el Servicio de Empleo calcula mal la prestación, la ingresa al desempleado, y después la reclama al percibir el error.
SIN CRUCE DE DATOS. El Tribunal de Cuentas concluye, entre otras cosas, que con la información recibida es difícil ver cuál es la situación real de morosos y montante de la deuda por cobros indebidos, y subraya que «la falta de información» dificulta que el SEPE detecte cobros indebidos. Echa de menos el informe que el SEPE no cruce datos de forma específica con el Registro Civil, entre otros, para la detección de cobros indebidos por el pago de la prestación a personas fallecidas. Entre las recomendaciones que el Tribunal hace para que las prestaciones se paguen justamente y a quien corresponde, se aconseja al Servicio Público de Empleo Estatal que tenga «un sistema en el que toda la información necesaria para los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, estuviese integrada en una única base de datos».