La Diputación no puede alquilar lo que no es suyo. Así valoraba Mariano López Ruiz, abogado de los herederos de Purificación Urrea, la licitación del contrato de arrendamiento de las fincas de Las Tiesas, Casa del Pozo y San Gregorio.

Estas fincas, situadas en Albacete, Valdeganga  y Alpera, forman parte de la herencia que se disputan en los tribunales sus representados y la Corporación desde 1999. Así que, a juicio del letrado,   la institución intenta hacer algo «a lo que no tiene derecho».

Pero ésta no es la única reacción que ha habido, al anuncio de licitación del contrato de arrendamiento, por 20 años y 8,5 millones de euros,  de las tres fincas, que suman unas 1.500 hectáreas y están gestionadas por el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP).

En las últimas horas, ha habido reacciones desde el ámbito político - en concreto, desde el Grupo Socialista de la Diputación- y desde las organizaciones agrarias, que también se han pronunciado sobre este asunto, aunque en un tono bastante más técnico.

«Desde 2001 -recordaba el letrado- hay una sentencia que dice que la Diputación no es la heredera del legado de Doña Purificación Urrea, así que, por ley, y por mera lógica, intentan arrendar algo que no les pertenece».

Ruiz dijo que su bufete ya estudia los términos de la licitación, aunque por el momento declinó adelantar si habrá acciones legales. Pero, en su opinión, «con este gesto, la Diputación ya ha cruzado todas las líneas rojas».

Mientras Ruiz hacía estas declaraciones, y según informa Mayte Martínez, el portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Agustín Moreno, rechazaba la licitación, pero no porque cuestionase el ‘qué’, sino más bien el ‘cómo’, esto es, los términos del contrato de arrendamiento..

«Lo que me parece una barbaridad son 20 años de alquiler -señaló- porque, en el pasado, se hizo, sí, pero por tres años, nosotros no vemos mal que se arrienden las tierras, lo que nos parece un disparate es el plazo, por muy grande que sea la inversión que se deba hacer en estas fincas»

Desde Asaja-Albacete, su presidente, José Pérez Cuenca,   hacía una valoración más mesurada, en un tono más técnico, centrado en los aspectos más llamativos de las bases, empezando por los 20 años.

«Se trata de garantizar el retorno de la inversión -detalló- porque, por las noticias que tenemos, estas fincas precisan de una fuerte inyección de dinero, de más de un millón de euros, para seguir siendo competitivas».

De ahí, señaló el presidente de Asaja, salen los 20 años de arriendo, un plazo bastante largo, porque, al menos en la provincia de Albacete, los contratos de arrendamiento de explotaciones agrarias suelen tener entre cinco y 10 años de duración.