La tregua estival entre los sindicatos con representación en la función pública y la Junta toca a su fin. El Gobierno los ha citado hoy en Toledo para presentarles el anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2014. O lo que es lo mismo, la reforma de facto de la ley de Empleo Público, derogada en parte por el Tribunal Superior de Justicia y cuya renegociación se paró el pasado mayo.

La primera impresión de los sindicatos no es buena. El documento consolida la rebaja en la normativa de Incapacidad Temporal y descubre nuevos ajustes para este colectivo, como la reducción a la mitad de la baja por paternidad. Salvo que la negociación de mañana lo remedie, los nuevos padres se quedarán con 15 días naturales a partir del día 1 de enero, frente a las cuatro semanas que tenían consolidadas por el Plan Concilia.

De este modo, el documento que ha remitido la Junta a los sindicatos -al que ha tenido acceso La Tribuna-, deroga parte del plan de conciliación de la vida laboral y familiar de la Administración autonómica, que queda pendiente de la «evolución de la situación económica».

Derechos adquiridos. Carmen Campoy, de UGT, critica la intención del Gobierno de eliminar «derechos adquiridos» por los funcionarios en un punto tan sensible como el de la conciliación familiar. Más aún cuando en el mismo texto se recupera el plus para los altos cargos y el personal de libre designación que se reincorporen a sus puestos de trabajo, (los anteriores complementos vitalicios), según denuncia.

En la misma línea se posiciona CSIF, que alerta de que «vuelve a premiarse a aquellos que han prestado servicio a la causa, mediante la concesión y aumento de los niveles, hasta alcanzar el máximo del grupo al que pertenecen». Además, «se ofrece la posibilidad de acogerse a estos privilegios a los altos cargos que lo fueron con los gobiernos del PSOE», lo que, a juicio de CSIF, «deja en evidencia» al actual Gobierno regional y «los apaños entre la casta política».

Aunque todo parece apuntar a que las coberturas por incapacidad temporal serán de nuevo el ‘punto caliente’ de la reunión, como viene siendo habitual desde su reducción a finales de 2011, con la puesta en marcha del plan de ajuste. A día de hoy a los empleados públicos de la región no se les paga nada durante los tres primeros días de baja, el 60 por ciento hasta el décimo día, el 75 por ciento hasta la jornada 21 y el cien por cien a partir de esa fecha.

Desde CSIF se advierte de que el último documento de la Junta «endurece» estas ya de por sí malas condiciones laborales y ya anuncia su voto en contra.

Por su parte, Campoy no entiende como la Junta no mueve «ni un ápice» su postura, dejando a los funcionarios autonómicos en una situación de desventaja en comparación con los del resto del país. Y exige que el Gobierno regional llegue al menos al máximo que ahora deja pagar el Estado en caso de baja: Un 50 por ciento durante los tres primeros días.

Asimismo, los representantes de los trabajadores rechazan que  la oferta gubernamental  mantenga una Relación de Puestos de Trabajo «que favorece la discriminación negativa y la asignación de puestos sin la obligada concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Ypor último, denuncian que se vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca a la representatividad. En concreto, CSIF avisa de que se reducen las unidades electorales y las del servicio de salud, a la vez que desaparece la Junta de Personal de los Servicios Centrales. Como apunta Campoy, es una medida «simple, dura y cruel» para quitar recursos a los sindicatos.