Hizo un paréntesis en su carrera judicial para poner en marcha la oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. Se marchó por decisión propia en 2007, no quería perder el tren de la magistratura. Desde su despacho, en el juzgado de lo social número 26 de Madrid nos cuenta cómo fue aquella aventura de hacer andar una institución que resultó fulminada en 2011.

¿Quién y cómo le propuso ser la primera Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha?

La propuesta vino del grupo parlamentario socialista que era mayoritario, la ley estaba aprobada hacía años pero no se había puesto en práctica. No recuerdo quién me lo planteó, sería Pepe Molina, me presentaría alguien de CC OO, yo no lo conocía. Cuando estás en un juzgado andas muy metido en tus juicios y sí, leía los periódicos, pero no identificaba a los políticos del momento. Buscaban a alguien independiente y que no estuviera relacionado con la política para darle mayor fuerza a la institución.

¿Fue difícil dar una respuesta?

Costaba aceptar, estaba empezando mi carrera en la judicatura, pero pensé que podía hacer un paréntesis, que hasta la jubilación me quedaba mucho tiempo para seguir de juez. Era un proyecto novedoso, podía hacer las cosas como quisiera, no en el sentido caprichoso, sino porque estaba todo por perfilar y eso hacía que fuese más atractivo que cuando está todo muy encorsetado. Podía elegir mi equipo y tener cierta autonomía.

¿Cuál fue la razón última por la que aceptó?

Era una función atractiva, pensar sobre la posición que tienen los ciudadanos respecto de la administración en clave social y de derechos humanos, ahí me sentí muy animada. Tenía que cambiar mi perspectiva, no podía juzgar, pero era interesante colaborar para hacer más eficaz el trabajo de la administración que es quien tiene la competencia para hacerlo. Ejercer la portavocía de los ciudadanos, como alguien a quien el ciudadano podía acceder con mayor tranquilidad y pensar que eso obligaría a que la administración se democratizara era agradable, un reto que iba más allá de la típica aplicación del derecho.

Cuenta que la llamó Agustín Conde, del PP, para entrevistarse con usted antes de ser nombrada, ¿cómo fue aquel encuentro?

Me contó que tenía en consideración a los jueces, pues él procedía de familia jurídica y me preguntó si iba a cumplir con la función de la Defensoría con neutralidad o si iba a trabajar para quien me había propuesto. Entendía que me lo preguntara, pero le dije que nunca había trabajado para nadie en el sentido partidario, que era lo que él me estaba preguntando. Indistintamente de que todos tenemos una ideología, pero no es esa ideología la que tienes que poner sobre la mesa en tu trabajo constantemente. Al final, el grupo popular, salvo una o dos abstenciones, también me dio su apoyo.

Recién nombrada por las Cortes se vino a Albacete, ciudad elegida como sede de la Defensoría. ¿Cómo fueron los comienzos?

No se había previsto ni sede, tampoco tenían claro el presupuesto, ni la plantilla... absolutamente nada, fue un poco trabajoso.

La primera sede de la Defensoría, hasta tener la Casa Perona, fue de prestado, ¿no?

Nos instalamos en la planta de representación del edificio de CCM que no se usaba. Yo tenía un apartamento alquilado en Toledo, que era donde vivía, lo dejé y me trasladé a Albacete. Antes de venirme, el letrado mayor de las Cortes me dio una serie de cartas de ciudadanos que habían oído que iba a haber una Defensora del Pueblo. Me puse a hacer entrevistas de trabajo rápidamente. Busqué pronto un secretario general que se hiciera cargo del presupuesto y la plantilla, y fui eligiendo el personal, evidentemente con mayor y menor acierto. Mi presupuesto era un anexo del del Parlamento, estaba controlado de arriba a abajo por las Cortes, porque la Defensoría era un comisionado de las Cortes. Poco a poco, a medida que aumentaban las quejas y abríamos programas y visitábamos la región, fui justificando el incremento de asesores.

¿Resultó difícil hacer comprender qué era el Defensor del Pueblo autonómico?

No solo tramitamos quejas y consultas, en esos cinco años daría más de 300 charlas de todos los temas que pensaba podían incidir en la Defensoría, sobre derechos humanos, derecho a la salud,... no es que yo explicara los aspectos más importantes de una enfermedad, pero sí hablaba sobre la comprensión o incomprensión con que se encontraban determinados enfermos en la sociedad. Y es que la administración es permeable a lo que la sociedad le exige e impermeable a aquello a lo que la sociedad le da la espalda. La administración es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad le exigiera que su democracia, sus servicios sociales, fueran de una manera concreta no quedaría más remedio que atenderla, a parte de aquello que se pueda corregir en las elecciones cada cuatro años.

¿Qué fue lo más difícil de la puesta en marcha de la institución?

Lo más complicado era formar un equipo que entendiera el enfoque de trabajar en derechos humanos y abrir las puertas de la administración, que no te vieran como un enemigo que no eras, sino más bien como un colaborador aunque a veces incómodo. Es difícil que comprendan el enfoque cuando les pides datos, haces recomendaciones e incluso advertencias porque entiendes que no cumplen con la ley o que puede causar un perjuicio. A su vez, había que hacer que la sociedad entendiera que no estabas para solucionarle un problema con la automaticidad que querían o incluso no podías solucionárselo porque la decisión la tenía que tomar otro. Hubo un trabajo para mi agotador durante muchos días e incluso meses, mis jornadas no acababan nunca, pero era lógico. Siempre llegaban temas nuevos a estudiar, asociaciones que había que recibir y colectivos que te exponían su queja.

En sus diez años de existencia, el Defensor recibió más de 8.000 quejas y atendió cerca de 11.000 consultas, ¿la simple existencia de la institución contribuyó a crear una cultura de la reclamación?

Escuchábamos a la gente, no todo eran quejas, a veces solo venían a informarse o esperaban una respuesta que pudiesen entender. No era fácil, pero fuimos mejorando el procedimiento, acercándonos a la gente y cada vez confiaban más en nosotros, dejaban de ir al Defensor estatal y venían aquí. A veces sabían que no teníamos soluciones, como los padres que saben que la enfermedad rara de su hijo no tiene tratamiento, pero quieren que se investigue y piden difusión para su caso, el Defensor también debe servir para eso, para hacer que se oiga y se vea a quienes no son visibles.

Lo más satisfactorio de su mandato, ¿qué fue?

Las reuniones con la gente y las asociaciones que trabajan para los demás. La gente de Castilla-La Mancha te abre su casa, te reciben de la mejor manera y yo me pasee por la región dando charlas y recibiendo a asociaciones para que supieran que ahí estaba la institución, por si querían hacer uso de ella, que era un derecho, un servicio público para ellos.

Gil Robles dijo que los buenos ombudsman incomodan a los gobernantes, ¿fue su caso?

El Defensor tiene que ser incómodo, porque es el que recuerda lo que no se hace o a lo que no se llega, aquello que se ha propuesto o que dice la ley pero no se cumple. Eso no es cómodo, ni gustoso para el que lo ejecuta y marca prioridades. Pero el ciudadano también tiene la necesidad de que le expliquen porque esa prioridad está delante de otra y hablamos de cosas que son sensibles, porque afectan a personas desfavorecidas o con problemas reales.

¿Qué áreas le preocuparon más en estos años?

Los mayores en dependencia, por ejemplo, o la salud mental me preocupaban muchísimo porque con la reforma estatal que se hizo cerrando psiquiátricos solo se dejaron algunas camas para los enfermos agudos que muchas veces no tenían ni una asistencia, ni un servicio al que acudir, pues con la externalización de la salud mental no se cubrían todas las necesidades. Estaban ya asociados, intentando reivindicar, pero no se trata de dar una subvención a una asociación para que sobreviva, sino de atender su necesidad. En Castilla-La Mancha sus ciudadanos son bastante asociativos, eso es porque la administración no llega a todos sitios.

¿Recibió presiones al pronunciarse sobre algunos casos?

No, en modo alguno. Puedes sentir el malestar, pero eso de descolgar un teléfono, llamarme y hacerme una advertencia de que no se me ocurriese hacer un determinado informe no ocurrió nunca. Además, yo avisaba muchas veces y daba publicidad a través de los medios de comunicación. Tener mi puesto de trabajo como juez me daba una libertad muy grande. Sabía al aceptar que la figura era incómoda. Es lógico que mi visita no fuera agradable, unas veces avisaba cuando iba a un lugar pero otras muchas no, aunque no se trataba de que me tuvieran miedo, al menos creí que esa no era la estrategia más acertada. Tuve que abrir todas las puertas que estaban cerradas.

¿Tuvo algún problema significativo con alguna administración?

Fui honrada, sabía donde tenía competencias y donde no. Allí donde no llegaba trataba de hacer un convenio de colaboración para que se escucharan los problemas de los ciudadanos, como hice con Instituciones Penitenciarias. Una de las primeras quejas que me entregó el letrado de las Cortes recién nombrada era de un preso.

¿Algún logro que cosechase al frente de la Defensoría del que se sienta especialmente satisfecha?

Sí que conseguimos buenas prácticas e incluso algún protocolo, por ejemplo en ambulancias o sobre personas con enfermedad mental. En Educación también se intervino muchísimo, porque esa Consejería era proclive a admitir buenas propuestas, eso no significa que aceptara todo lo que le decíamos, pero sí atendió algunas sobre elección de colegios o sobre temas de violencia entre escolares. Fueron colaboraciones importantes. Lo importante es lograr el cambio, no quién se apunta el tanto. Si te abren la puerta, te escuchan y convences, aunque la medida no se tome al día sino al mes, pues bienvenido sea.

¿Por qué se marchó?

Terminé mi mandato, de cinco años, y estuve algunos meses más en funciones. Al finalizar mi mandato dije que mi voluntad era no continuar, tampoco me lo habían propuesto. No quería irme diez años de la judicatura, porque te desprofesionalizas y la vuelta es más dura. Me tocó la época más ilusionante, pero la peor porque no había nada hecho, pero eso ya lo sabía, vine a trabajar y eso es lo que hice. Fue una experiencia maravillosa y me dio mucha pena dejar el equipo que habíamos formado, cuando al fin logras un equipo con el que trabajas en sintonía te tienes que ir, pero la vida es así y las instituciones deben de poder funcionar con independencia de quién esté al frente.

Su sucesor fue un exalcalde socialista, José Manuel Martínez Cenzano. ¿No cree que designar a un político le hizo flaco favor a la institución?

No le hizo un gran favor a la institución. Bien es cierto que siempre te critican por algo, te usan de vehículo para la crítica. Había costado conseguir una credibilidad, porque tú puedes tener un acto de fe, pero luego tienes que demostrar que la institución, y más aún si tiene un carácter social, sirve. La credibilidad institucional y ciudadana en y ante la administración no te la da el derecho imperativo, sino que es una  conquista ciudadana. Alguien que ha estado en activo en la vida partidaria hasta el día anterior, no digo que no sea válido, pero sí que tiene un plus al demostrar que ya no hace un trabajo partidario, sino que hace un trabajo de todos y para todos.

En 2011 el PP gana las elecciones y la presidenta María Dolores Cospedal decide suprimir la institución, ¿qué sintió?

-Nadie sabe el coraje que sentí. Aunque en el momento en el que me marché la hoy presidenta de la comunidad me dijo que iba a hablar conmigo por si me marchaba por un tema político, que no era el caso, nunca nos entrevistamos, porque ella no quiso. Si no, yo le hubiera dicho cómo estaba la institución y el trabajo que hacía.

¿Coraje?, al fin y al cabo usted ya estaba fuera.

No me ofendo ni me lo tomé en un plano personal, porque la Defensoría no es propiedad mía, es propiedad de los castellano-manchegos. Lo que digo es que es muy fácil analizar las cosas desde una perspectiva aritmética, me ahorro X euros y ya está. Pero lo que es social y llega a los ciudadanos, cuando tienes una fiabilidad y confían y cuando la institución consigue llegar a los ciudadanos porque se mueve, no todo se puede mirar desde ese plano y decir que su labor se suple con el Defensor estatal, porque no es cierto. A lo mejor es que esa es su ideología y filosofía, que sobran las comunidades autónomas y todo aquello que es autonomía, si es desde esa perspectiva a lo mejor tiene razón, pero sólo si sobra todo. Yo creo que es importante la cercanía al ciudadano y más aún en territorios que tienen peor orografía, que han sido históricamente peor tratados y los servicios son más precarios. Yo no fui ajena a eso, no cerré los ojos y esa realidad de Castilla-La Mancha hay que intentar paliarla en la medida de lo posible. A ver si es que además de padecerla, encima la acrecentamos.

¿Qué hemos perdido?

El Defensor estatal no puede abarcar todo y termina siendo una institución con una burocracia que te resulta siendo ajena y tan difícil de llegar como la propia administración, porque es un entramado muy grande y no te puede recibir. Está lejos y no puede abarcar tantas realidades. El Defensor autonómico conoce la realidad de su territorio muy bien, desde Madrid es muy difícil aportar soluciones autonómicas.