a Audiencia de Palma aceptó ayer reducir la fianza de responsabilidad pecuniaria a la Infanta Cristina en la causa en la que se investiga una supuesta trama de corrupción vinculada al Instituto Nóos en la que está imputada junto a su esposo Iñaki Urdangarín.

De esta manera, la Sección Segunda de la institución judicial dictó un auto en el que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la hija menor de Don Juan Carlos en el marco del caso Nóos por lo que rebaja la fianza, inicialmente fijada de 2.697.150 euros, a 449.525 euros.

En esta línea, la Audiencia revoca el punto del auto de apertura de juicio oral de este caso referido a la fianza de responsabilidad pecuniaria para garantizar el pago de multas. Cabe destacar que el auto, hecho público ayer por la Audiencia mallorquina, dispone que «no puede destinarse a dicha fianza la cantidad consignada ad cautelam en el Juzgado» por la apelante a efectos de responsabilidad civil, que asciende a 587.413,58 euros.

Debe recordarse que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, elevó el pasado 24 de junio a la Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por la Infanta contra la negativa del juez de reducirle a 449.000 euros la fianza civil de 2,7 millones que impuso a la acusada en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó abrir juicio oral contra ella.

De esta manera, el tribunal de la Sección Segunda estimó parcialmente la petición de Cristina de Borbón, cuya defensa considera desproporcionada la cantidad a pagar en relación con las responsabilidades económicas que, en el hipotético caso de ser condenada, «correspondería exigirle». Además, la Fiscalía Anticorrupción se adhirió a su reclamación. Los fondos responden al supuesto fraude del que se habría beneficiado a través de Aizoon, empresa cuya titularidad comparte al 50 por ciento con su esposo y que, de forma presuntamente irregular, se nutrió de más de un millón de euros del entramado que orquestó su esposo junto a su entonces socio, Diego Torres.

Pese al considerable alivio monetario que supone esta rebaja en su fianza, lo que no podrá evitar la hermana de Felipe VI es sentarse en el banquillo como acusada de cooperar en dos delitos fiscales cuando se celebre el juicio  por el caso Nóos.

Y eso pese a los múltiples intentos de sus abogados defensores, que han agotado todo tipo de recursos para no pasar este trance. El último fue un escrito enviado al tribunal de la Audiencia que juzgará el caso Nóos el pasado mes de junio en el que planteaba que la decisión sobre si la acusación popular tiene legitimidad para llevar a juicio a la Infanta se resuelva sin necesidad de que ella se siente en el banquillo. Sus letrados sostuvieron sin éxito contra el criterio del juez instructor, José Castro, que en aplicación de la llamada doctrina Botín el sindicato Manos Limpias no está legitimado para sostener la acusación por delito fiscal sin el concurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria.