La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo, que hoy reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). 

 Los jueces decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas. 

  Los consejeros delegados de los bancos y la patronal bancaria coinciden en que no se contempla la posibilidad de la retroactividad, ya que «actuaron de acuerdo a la ley». A pesar de ello, algunos juristas opinan que su acción no prescribe. 

  Por lo tanto, se plantean diversos escenarios. Por un lado, el Alto Tribunal podría tomar una decisión contradictoria y revocar la jurisprudencia del 18 de octubre por la que se determinó que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras y no aplicarlo a la doctrina. Esto daría la razón a los bancos e impediría cualquier tipo de reclamación, ya que los clientes se seguirían haciendo cargo del impuesto, como hasta ahora, con un coste medio de unos 2.500 euros.