Algo más de un centenar de ciudadanos volvieron a acudir al Defensor del Pueblo durante el último año para pedir soluciones frente a lo que consideran la desatención o negligencia de parte de alguna administración pública. Así consta en la memoria anual correspondiente a 2014 que la institución que dirige Soledad Becerril dio a conocer ayer, y en la que figura que el Defensor recibió 112 quejas de ciudadanos albacetense, una cifra menor a las 183 presentadas durante el año anterior, el 2013.
De esta forma se confirma la tendencia al descenso de los últimos años en cuanto al número de reclamaciones, puesto que en 2012 las quejas se elevaban a 488, aunque la bajada tiene una explicación: en 2012 se incorporaron a la oficina del Defensor del Pueblo las reclamaciones albacetenses y de toda la región que no terminó de resolver el Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha en el momento de su liquidación. En realidad, las 183 quejas de 2013 son un número similar al de años anteriores, porque en 2011 hubo 196 llegadas desde Albacete. Los expedientes presentados desde la provincia suponen un 16,2% del total regional porque las cinco provincias castellano-manchegas sumaron 1.126 casos en el trabajo recibido por el Defensor del Pueblo el pasado año.
Las 112 asuntos presentados por los vecinos de Albacete en 2014 representan el 12,08% sobre el total de las que llegaron de Castilla-La Mancha y el 0,49% sobre el cómputo nacional.
Asimismo, el informe anual del Defensor del Pueblo recoge que se presentaron tres expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional procedentes de la provincia de Albacete, el 25% de toda la comunidad (con 12), frente a los 97 de 2013 (439 a nivel regional).
Así, fue aceptada por el Sescam la recomendación formulada por la institución del Defensor del Pueblo el 25 de marzo de 2014 a la Gerencia del Sescam, para que adoptara medidas que garantizaran a los pacientes incluidos en la lista de espera quirúrgica del servicio de Neurocirugía del Hospital General de Albacete respuesta asistencial en los tiempos máximos previstos en la Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada en Castilla-La Mancha.
También fue aceptada una de las sugerencias formuladas a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta en relación con la visita realizada al Centro regional de menores Albaidel, para que se garantizase la realización de un reconocimiento médico dentro de las primeras 24 horas del ingreso de un menor, pero en cambio fue rechazada la relativa a retirar las cámaras de videovigilancia instaladas en las dos salas de visitas familiares, al vulnerar el derecho a la intimidad personal.