La Agencia Tributaria ha hecho uso del plazo de alegaciones tras haber recibido la notificación del auto de apertura de la fase de liquidación a instancias del Albacete Balompié SAD.

Hacienda, que había embargado los ingresos de la entidad al haber entrado en la fase ejecutiva el cobro de la deuda por IRPF, se opone a la propuesta de levantamiento de los embargos (fundamentalmente los derechos de televisión) formulada por los liquidadores designados por el Juzgado de lo Mercantil. La iniciativa persigue mantener la actividad de la sociedad en liquidación y hacer frente básicamente a los pagos corrientes a los jugadores y empleados.

El artículo 55.3 de la Ley Concursal reza así: «Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado».

Pero, para sostener su oposición, Hacienda se acoge al último párrafo, que añade: «El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos».

La próxima semana, la jueza encargada del caso decidirá sobre esta y otras alegaciones que puedan presentarse.

Mientras tanto, el proceso de liquidación continúa su curso, aunque existen no pocas incertidumbres en torno al mismo.

Fuentes judiciales insistieron ayer en que el proceso «no es reversible» y acabará con la extinción del Albacete Balompié SAD como tal, si bien la propia valoración de los activos y el destino de los mismos en una eventual venta se topan con la realidad de que un club de fútbol no es una empresa al uso.

Para cuantificar el valor de los activos planean cuestiones difíciles de resolver para poner a la venta la unidad productiva. Una de ellas es el valor real de la plantilla de jugadores, la incertidumbre sobre la categoría en la que quedará encuadrada a corto plazo, e incluso el valor de una licencia sobre la que deberá decidir la LFP de acuerdo con su propia normativa. La cuantificación de todo ello se efectúa paralelamente al análisis de la contabilidad de la entidad y la tasación de sus bienes, incluida una Ciudad Deportiva sobre la que el Ayuntamiento -que ha debido recurrir a un letrado externo y esta vez sí se personará en el procedimiento- o la propia Hacienda tienen algo que decir en un embrollo que no será fácil esclarecer.

En cualquier caso, lo que es muy probable es que la próxima semana los administradores presentarán su plan de liquidación a la jueza sin necesidad de solicitar otros 15 días de prórroga. Después se sucederá otro plazo de alegaciones de las partes interesadas antes de proceder a una eventual venta de la unidad productiva.