Al vicepresidente de un Gobierno le toca coordinar. Por eso José Luis Martínez Guijarro explicó ayer en las Cortes regionales que en esta nueva andadura tiene tres grandes pactos que coordinar. Uno sobre economía y empleo, otro de recuperación social y un tercero de regeneración democrática. Para este último confirmó la intención del Gobierno de hacer una reforma profunda del Estatuto, como la que ya intentó Barreda hace ocho años. Martínez Guijarro avanzó que aprovechará esta reforma para incluir la «supresión de aforamientos» en Castilla-La Mancha.
El vicepresidente concretó que en el Estatuto también se incorporarán los organismos de control al Gobierno. No es asunto baladí porque eso los blindaría de cara a una supresión. El anterior Ejecutivo autonómico, por ejemplo, pudo eliminar el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo o la Sindicatura de Cuentas porque no estaban recogidos en el Estatuto, así que solo tuvo que derogar sus leyes.
Además de blindar organismos, Guijarro aseguró que se blindarán también derechos sociales para «convertir en irrenunciables los servicios públicos». El actual vicepresidente, que fue consejero de Agricultura en el último Gobierno del PSOE, reconoció que entonces pecaron de «ingenuos» porque pensaban que esos derechos sociales quedaban asegurados con leyes. Explicó ayer en su comparecencia en las Cortes que las leyes no contuvieron los recortes del PP, así que por eso ahora quieren darles una protección extra a través del Estatuto.
Otra de las reformas que trae Martínez Guijarro en su cartera es la de la Ley del Gobierno. En este caso explicó que revisará el sistema de incompatibilidades y que utilizarán esta modificación para impedir que «en la región haya presidentes o políticos que se dediquen a todo» menos a sus funciones en la Administración. También quieren evitar así que haya «miembros del Gobierno que residan en otras comunidades y se dediquen a Castilla-La Mancha en su estricta jornada laboral».
La revisión de esta Ley también les obligará a estudiar el «estatuto de los expresidentes». Al respecto, la portavoz del PP, Ana Guarinos, le preguntó directamente si así se podrán eliminar los privilegios que se conceden a los expresidentes, aunque hasta ahora solo los ha aceptado Bono, y que consisten en una oficina, dos secretarios, coche y chófer. «No sé si se les ha olvidado, pero hasta en tres ocasiones ha negado la supresión de los privilegios», recordó la portavoz del PPa los socialistas.
Guijarro no concretó por dónde irá la reforma del estatuto de los expresidentes. Lo único que comentó es que «hay que abrir un debate, no solo aquí en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional», para homogeneizar el estatuto que tienen en España aquellos políticos que han presidido una autonomía.
Como el vicepresidente coordina todo un Gobierno, en su comisión en las Cortes -que por algo se llama de Asuntos Generales- se habló de todo. Los partidos le preguntaron por las escuelas rurales, el hospital de Cuenca, los presupuestos de las Cortes o la deuda que había en 2011. A esto último, Guijarro cuestionó la gestión económica que hizo el PP. «Hay empresas que todavía no han cobrado y que se deberían haber incorporado al plan de pago de proveedores», alertó.