El PP y los independientes piden la dimisión del alcalde de Ontur en una moción

E.F/Redacción
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De acuerdo al texto de la iniciativa conjunta, solicitan la renuncia «inmediata» de Joaquín López Escudero porque el Juzgado de Hellín ordena la apertura de juicio oral en su contra

Foto de archivo de Joaquín López Escudero, alcalde de Ontur, en una presentación realizada en 2010. - Foto: Arturo Pérez

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ontur ha dado a conocer una moción en la que se pide la dimisión inmediata del alcalde, Joaquín López Escudero. La moción, de acuerdo al texto difundido por el PP ontureño, cuenta con el apoyo del único concejal independiente de la Corporación local.

En el texto de la moción, se afirma que el pasado día 10, el Juzgado de Instrucción Número Tres de Hellín dictaba un auto por el que se orden la apertura de juicio oral contra Escudero, por dos presuntos delitos, uno de «prevaricación administrativa» y otro de «de alteración de precios en concursos y subastas públicas».

Recordar que estas actuaciones judiciales, así como las acusaciones por parte de los grupos de oposición, tienen su origen en las obras de un Centro de Día en la localidad, realizadas con cargo al Plan E del Gobierno central, y en las que se invirtieron cerca de 300.000 euros. Según el Grupo Popular, que fue quien denunció las presuntas irregularidades ante la Fiscalía, la obra se adjudicó a una empresa en contra del criterio de la secretaria-interventora municipal, quienes consideraba que la oferta de la firma adjudicataria era peor que las de sus competidoras.

En 2012, la Fiscalía investigó las denuncias del PP y remitió las actuaciones al Juzgado de Hellín. El caso terminó en la Audiencia Provincial, la cual, en agosto de 2013, acordó la apertura de juicio oral contra el primero edil.

Pero, una vez más, el caso volvió de nuevo al Juzgado hellinero, que es quien ordena ahora la apertura de juicio, y, de acuerdo al texto de la moción, requiere al acusado, Joaquín López Escudero, para que preste una fianza de 70.000 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias» que se puedan derivar de las actuaciones en su contra.