Horas antes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocara para esta semana a los líderes de los partidos independentistas, estalló la bomba. Yes que la Generalitat ordenó ayer paralizar «de forma cautelar y temporal» la campaña institucional sobre la consulta soberanista convocada para el 9 de noviembre, tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional (TC), si bien aseguró que el proceso continúa y que presentará alegaciones a la misma.

Así, el portavoz del Govern, Francesc Homs, explicó que las responsabilidades las debe asumir el Gabinete regional y no los funcionarios, cuya seguridad jurídica quiere preservar.

«Lo que no podemos en este contexto es poner contra las cuerdas a funcionarios de la Administración de la Generalitat o local, o incluso a particulares», comentó el convergente, para luego añadir que quien difunda elementos de la campaña desde ahora lo hará bajo su responsabilidad.

Conviene recordar que con el lema Tu decideixes -Tú decides-, el pasado sábado se puso en marcha la campaña institucional, que incluye anuncios en prensa escrita, radio y televisión y también una página web propia, www.9nconsulta2014.cat, aunque en este caso, sí sigue operativa al cierre de esta edición.

Aun así, el número dos del Govern insistió: «Si alguien se pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar es que el lunes no acabó nada», en referencia a la decisión del TC. No obstante, en Génova ven esta decisión como una derrota en toda regla de los convergentes, que han visto cómo algunos aliados como CUP le han mostrado su malestar.

rapidez. Por eso, el de Vic solicitó al Alto Tribunal que decida sobre las alegaciones del Gabinete de Artur Mas tan rápido como ha decidido sobre los recursos del Gobierno central a la Ley de consultas y a la convocatoria del 9-N.

Como él mismo subrayó, las alegaciones para levantarse la suspensión se presentará en horas, y en pocos días las alegaciones «de fondo», por lo que subrayó que la ley catalana no está anulada sino suspendida.

En cualquier caso, la Generalitat no da marcha atrás a sus objetivos, y su única hipótesis de trabajo sigue siendo que la consulta se celebrará el próximo 9 de noviembre, y que el debate no es jurídico, sino político.

Al ser preguntado por si el Govern prevé un adelanto electoral antes de las municipales de mayo, Homs fue muy claro: «No, no, rotundamente no».

Tras destacar que los planes del Govern a favor del 9-N se mantienen inalterables, subrayó que hay una gran unidad entre los consellers en este tema. Así salió al paso de las fisuras con Unió, que no quiere una coalición electoral con ERC y que tampoco se ha pronunciado sobre su respuesta a la segunda pregunta del referéndum, la relativa a la independencia de España.

Además, acusó al Constitucional de actuar supeditado a los intereses del Gabinete liderado por Mariano Rajoy.

La Generalitat se pone a disposición del Parlament «para hacer cualquier actuación que considere oportuna» por la suspensión cautelar de la Ley de consultas, y explica que se personará ante el TC y solicitará de inmediato una definitiva resolución que avale el la cita del 9-N.

Asimismo, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso y diputado convergente, Pere Macías, advirtió a Rajoy de que hará «todo lo posible» para que la consulta soberanista se celebre «con plenas garantías democráticas».

Desde ERC, Alfred Bosch cargó contra la «decisión política» que, a su juicio, ha adoptado el Constitucional, y dejó claro que, entre «obedecer» a un «tribunal politizado» o a los catalanes que quieren votar, la «obligación» y el «deber» de Esquerra es «obedecer al pueblo de Cataluña, es quien manda y debe mandar».

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, por su parte, consideró que es el Gobierno catalán y especialmente su presidente, Artur Mas, quien debe poner las «garantías democráticas» para la celebración de la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre pese al recurso del órgano protector de la Carta Magna.