Rui Santos ha subrayado en este encuentro que el proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se encuentra en trámite parlamentario va dirigido a personas con discapacidad cognitiva, psíquica, daño cerebral y del desarrollo y se estima que va a beneficiar a cerca de 8.000 personas en la provincia de Albacete, un 20% del total de Castilla-La Mancha. Para ello el Gobierno regional ha dotado a esta nueva normativa con cinco millones de euros para el ejercicio 2018, 400 casos de tratamiento directo y una reserva de 85 plazas residenciales.