Al final, la reforma del Estatuto de Autonomía, que busca posibilitar la promesa ‘popular’ de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos, se comerá las uvas en el Congreso.

Si bien el texto castellano-manchego acaba de llegar la Comisión Constitucional de la citada Cámara y ya se ha abierto el plazo para presentar enmiendas -que expira el día 18-, es matemáticamente imposible que regrese a la región en Navidades, tal y como estaba previsto en un primer momento. La razón es sencilla, una vez que la reforma autonómica salga de la Comisión Constitucional, tiene que volver al Pleno del Congreso, para pasar después al Senado y regresar, por tercera vez, a la Cámara Baja.

Enero, un mes inhábil. Un proceso que no se prevé complicado desde el punto de vista político -gracias a la mayoría absoluta del PP en ambas Cámaras- pero que se alargará como mínimo hasta el mes de febrero. No hay que olvidar que enero es un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario, las sesiones no vuelven a la madrileña Carrera de San Jérónimo hasta el 1 de feberero.

Pero volviendo a la Comisión Constitucional, ésta podría tener listo y aprobado su dictamen sobre la reforma del Estatuto castellano-manchego antes del 29 de diciembre, día en la que termina el actual periodo de sesiones, según explica a La Tribuna el presidente de la citada comisión, el toledano Arturo García Tizón.

Un dictamen «al que no le veo mayor dificultad» a la hora de su aprobación, añade García-Tizón.

Uno de los puntos que permite confiar en que esta reforma tendrá un ágil trámite parlamentario es lo concreto de su objetivo: Se limita a modificar el artículo 10 del vigente texto, para dejar la horquilla entre los 25 y los 35 diputados. Unido todo ello a un hecho de carácter meramente político, y que es que la presidenta Cospedal, secretaria general del PP, es la principal valedora de este proyecto.

No obstante, García Tizón también advierte de que el actual plazo de enmiendas podría prolongarse por lo menos una semana más. Y es que, basta la petición de un solo Grupo Parlamentario para que este plazo se amplíe. Y podría haber más ampliaciones, eso sí, se requeriría la solicitud de varios grupos.

La propuesta salió de Toledo en julio. Hasta ahora los ajustados tiempos que tiene esta reforma se han ido cumpliendo. La propuesta castellano-manchega salió de Toledo en julio camino del Congreso, que calificó el texto el día 3 de septiembre, nada más arrancar el nuevo curso parlamentario, si bien no lo ha tomado en consideración hasta hace dos semanas, en concreto, el pasado 19 de noviembre.

Las expectativas desde Castilla-La Mancha son que el proceso no se dilate en el tiempo -como ya ocurriera con la fallida reforma de Barreda- y que el Estatuto regrese a estas tierras lo antes posible.

Las prisas están más que justificadas. Esta modificación estatutaria es sólo un paso previo -e imprescindible- para poder rebajar el número de diputados regionales y dejar las Cortes con no más de una treintena de escaños. No hay que olvidar que el vigente Estatuto obliga a mantener un mínimo de 47 parlamentarios autonómicos (ahora hay 49) y, como Ley Orgánica del Estado que es, se precisa del apoyo del Congreso para poder varias estas cifras.