La Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha propone que la Guardia Civil gane presencia en la vigilancia de sus sedes. Así se refleja en su Memoria Anual del ejercicio 2014, en la que critica el sistema de seguridad mixto existente en la actualidad, que combina a los miembros de la Benemérita con la vigilancia privada.
Las funciones de seguridad que son necesarias en los edificios judiciales son, principalmente, el control de acceso, especialmente en aquellos lugares con mayor afluencia de público o más conflictivos, como puede ser el Palacio de Justicia de Albacete, por el que cada día pasan decenas de delincuentes.
Además, también son necesarios trabajos de vigilancia para controlar la seguridad de los edificios mientras permanecen cerrados y un control perimetral de las instalaciones, mediante sistemas CCTV (Circuitos Cerrados de Televisión).
Para llevar a cabo estas labores, en la actualidad la Administración de Justicia combina los servicios de seguridad privada con los que prestan miembros de la Benemérita, a través del convenio suscrito con la Dirección General de la Guardia Civil.
Este modelo mixto no está diferenciado por sedes, es decir, no hay un modelo u otro en cada sede. En las sedes con guardias civiles destinados se complementa el servicio de seguridad necesario con la empresa privada, que es coordinado y gestionado desde la Gerencia, lo que según este órgano, «impide la planificación de seguridad separada de cada modelo».
<b>Problemas.</b> El principal problema de este sistema mixto de seguridad aparece, según la Gerencia Territorial, cuando deben realizarse sustituciones de guardias civiles (por enfermedad, vacaciones u otros motivos), que deberían ser reemplazados por otros miembros de la Benemérita siempre que existan suficientes efectivos, «lo que nunca cumplen, motivo por el cual no prestan un servicio de seguridad completo, limitándose a notificar, y no siempre, las ausencias de los guardias civiles por parte de los oficiales coordinadores».
Por todo ello, desde Justicia se muestran muy críticos con las labores de coordinación de la Guardia Civil. «La no asunción de un servicio de seguridad completo en cada Destacamento de Justicia de la Guardia Civil (edificio judicial), deriva la gestión y coordinación de la seguridad a una Gerencia sobrecargada, utilizando para ello el contrato privado de seguridad».
En este sentido, afirman que la Guardia Civil sólo cubre vacantes mediante «procedimientos no ágiles», que obligan a la Gerencia a cubrir la falta de servicio sobrevenido (como por ejemplo un retiro) mediante la empresa de seguridad.
Además, como «no siempre comunica la ausencia de un guardia civil a la Gerencia», ésta se ve obligada a gestionar y coordinar con medios de seguridad privada cada sustitución, con el problema añadido de que «no siempre informan de la incorporación del guardia civil al puesto, tras la sustitución, dándose el caso de malgastar recursos duplicados con Guardia Civil y vigilante de seguridad».
Ante «la ineficacia en el servicio de la Guardia Civil, (la Gerencia) se ve obligada a realizar la coordinación de seguridad que el Acuerdo Marco asigna a los oficiales coordinadores de la Guardia Civil que eluden, vaciando de contenido el puesto que no desarrollan».
Estas sustituciones suponen un «incremento sustancial de los costes de seguridad». Por todo ello, la memoria concluye que el modelo mixto de seguridad «tal como está planteado es un fracaso», ya que «impide planificar, aumenta el coste, genera duplicidad o ausencia de recursos, es poco ágil ante cambios, designa puestos de coordinación vacíos de contenido derivando la gestión a la Gerencia».
Para Justicia, la solución es muy sencilla. «Con sólo modificar el modo de gestión de sustituciones realizándolo la Guardia Civil con sus recursos se resolverían todos los problemas, ofreciendo un servicio efectivo».