La Fundación CCM arranca esta tarde las negociaciones con su plantilla para cerrar su primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE), anunciado a finales de diciembre y que prevé, además de reducciones de jornada, el despido de un número aún indeterminado de trabajadores.

En una circular remitida estos días a los trabajadores -a la que ha tenido acceso este diario- la Fundación ya confirma que el origen de su ERE es «económico». En concreto, «por la falta de recursos a la que se ha visto abocada por la situación económica del Banco CCM». No hay que olvidar que esta Fundación (heredera la Obra Social de la extinta Caja Castilla-La Mancha) se nutre de los beneficios del citado banco, creado tras la intervención del Banco de España en la caja regional y que está inmerso en su propio -y conflictivo- ERE.

No obstante, la confirmación de estos problemas económicos no pilla de nuevas a los sindicatos. Yes que fue precisamente esta falta de financiación la que llevó al grueso del primer patronato de la Fundación a dimitir en el verano de 2012.

Con todo, la actual dirección de la Fundación ha citado hoy en Toledo a los representantes de los trabajadores, donde se les hará entrega de su ‘oferta’ de ERE. Se abre así un periodo de consultas que se prolongará hasta el próximo 14 de febrero, tal y como advierte la dirección en su circular.

Una negociación que se prevé agria. Mientras la empresa ya habla de «despidos colectivos», CSIF advirtió a principios de año a La Tribuna de su oposición a estas extinciones de contratos, si bien reconoce que la Fundación lleva tres años sin recibir nada del Banco CCM.

La Fundación cuenta con unos 75 trabajadores, repartidos entre las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca. Los centros de trabajo son la residencia ‘Virgen de la Blanca’ en Toledo, el centro medioambiental ‘El Albaladejito’ en Cuenca, un centro de mayores en Albacete, un hogar de mayores en Toledo y varios centros culturales en Toledo, Albacete, Talavera, Cuenca y Hellín.

EL patronato de la Fundación está formado por 28 personas nombradas por las Cortes, las Diputaciones, la Federación de Municipios y Provincias, la Consejería de Economía y el Consejo de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.