En la última reunión de la directiva de la asociación Campos de Hellín, celebrada en su sede de Tobarra bajo la presidencia de Manuel Valcárcel, se aprobó un comunicado en el que se aboga por la continuidad del centro de tratamiento y compostaje de residuos sólidos urbanos Monte Grajas, ubicado en Hellín y amenazado de cierre desde la Diputación Provincial de Albacete.

Se indica en el acuerdo, que ante el posible cierre del centro de tratamiento, «y el perjuicio económico, social y laboral que supondría para la comarca Campos de Hellín dicha decisión, creemos conveniente manifestar nuestro rechazo y pedimos que se realicen cuantas acciones estén en nuestras manos para intentar variar dicha decisión política y, de esta manera, se contribuya al desarrollo de nuestra comarca».

La planta cuenta con un nivel de empleo directo de 17 trabajadores fijos a jornada completa, cuatro a jornada partida y otros cuatro que se encargan de cubrir vacaciones y bajas, y a nivel indirecto empresas de arreglos de neumáticos, de seguridad, distribución de gasoil, talleres de reparación, comercios de filtros, baterías, etcétera. Entre los miembros de la junta directiva, que manifestaron su preocupación por el cierre y la posible pérdida de puestos de trabajo, la concejala del ayuntamiento de Hellín, Marta Pérez, manifestó que está de acuerdo en que siga abierto y no se pierdan puestos de trabajo pero también puso como condición que se realizasen las actuaciones necesarias para proteger el medio ambiente, porque la capacidad de admisión de residuos estaba superada y la infraestructura necesita una ampliación urgente.

En el escrito se explica que la planta, se construyó con el fin de gestionar los residuos de una zona al que pertenece la comarca, «que recepciona los residuos correspondientes a una población de 140.000 habitantes», que comprende Hellín, Tobarra, Peñas de San Pedro, Almansa, Sierra de Alcaraz, Sierra del Segura y el Campo de Montiel.

FASES DE CONSTRUCCIÓN. Recuerdan que la planta se construyó en dos fases: la primera iniciada por la Diputación con la construcción del foso de rechazos, y reiniciada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en junio de 1999; y la segunda del resto de la planta, también por parte de la Junta, iniciada en noviembre de 1999.

Esta planta empezó a recibir residuos en diciembre del año 2000, siendo realizada su gestión por la empresa Tragsa, actual concesionaria y contando con una subvención por el Fondo Social Europeo y con una vida estimada de 25 años.

Hay que recordar que el Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Albacete, en su última reunión, ha decidido dejar sobre la mesa y aplazar la decisión de cierre, anunciada previamente y justificada por el vicepresidente y el diputado de Medio Ambiente «por encontrarse técnicamente desfasado y con el vertedero colmado»