Desde el porro de marihuana en el bolsillo a la papelina de ‘coca’. Llevar encima pequeñas cantidades de drogas ilegales no es un delito, siempre que se entienda que son para consumo personal. Pero sí se castiga su tenencia o consumo en público con una multa de 600 euros y no son pocas las sanciones que se imponen por esta razón. Solo en lo que llevamos de año se han abierto en Albacete 2.067 expedientes, a razón de un promedio de siete diarios.

Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, en los últimos tres años los castigos administrativos impuestas en la provincia por posesión de drogas alcanzan las 9.188, y eso que todavía no ha terminado el 2018. La recaudación por todas ellas se acerca a los 5,6 millones de euros.

Es cierto que no todas estas multas se pagan. Hay quienes se declaran insolventes por un período de cinco años y eluden la sanción. Otros, por el contrario, prefieren pagar cuanto antes y así beneficiarse de ese descuento del ‘pronto pago’ que introdujo la administración rebajando un 50% de la multa a quien la abona antes de los 15 días. Vamos, como una multa de tráfico.

desde el 92. En España la simple tenencia de drogas se castiga con multas desde hace 26 años. Con la conocida como ley Corcuera, en el año 1992 se empezó a sancionar el consumo o tenencia de drogas ilegales en espacios públicos. La multa se fijó en 300 euros, hasta que en 2015 con la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, apellidada popularmente como ley Mordaza, el castigo se dobló y fijó la sanción mínima en 600 euros.

En España las multas por consumo de drogas no han parado de crecer en los últimos años. En 2002 se pusieron algo más de 122.000 y en 2016 se rondaron las 400.000, según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Drogas. El aumento ha sido de un 221% en apenas 15 años. El 84% de las multas se ponen por cannabis y el 10% por cocaína.

«¿Qué efectos tienen esas sanciones?», se pregunta desde la Fundación Atenea, Javier Romero, «si es un adulto y está en situación de exclusión social seguramente no la pague y si es alguien con una vida normalizada la pagará y se olvidará», augura. Solo en el caso de que sea un menor esa sanción que llega al buzón de correos de casa quizás sirva para alertar a los padres de que su hijo puede tener un problema de adicciones y «activar el sistema».

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