La provincia suma más de un centenar de órdenes de prisión provisional contra presuntos delincuentes al cabo de un año, la decisión del juez casi siempre en base a la petición de un fiscal que supone privar de libertad al procesado por un delito de manera cautelar, mientras se investigan los hechos y se prepara el juicio. La cifra es más o menos estable en los últimos años, 112 casos en 2013, 110 en 2014, 134 en 2015, 107 en 2016, y 123 el pasado año, a tenor de los datos oficiales de la memoria de la Fiscalía que ya aparecen en la web de la Fiscalía General del Estado.

En una provincia como Albacete, que en 2017 sumó casi 12.000 infracciones penales según las estadísticas policiales, enviar a prisión de forma cautelar a 123 personas puede parecer una seña más de la percepción popular de que no hay mano dura contra la delincuencia, pero a ello respondía para La Tribuna Juan Francisco Ríos, fiscal jefe provincial, que detallaba cómo y por qué se puede pedir la prisión provisional: «Se escucha a veces eso de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, pero lo cierto es que la prisión provisional está pensada y reservada para delitos graves; es una medida excepcional, y no es algo caprichoso que se pueda pedir, está regulado y debe argumentarse cuando se pide».