Castilla-La Mancha ultima el diseño de un nuevo impuesto antivertederos. En concreto, esta nueva tasa quiere gravar el depósito de residuos en los vertederos. Su objetivo último sería ‘verde’, ya que busca favorecer la implantación del reciclaje y «la valorización en la gestión» de los residuos. Tanto es así, que el dinero recaudado con este nuevo impuesto iría destinado por ley a «mejorar la gestión de estos residuos».

Así se recoge en el borrador de la que quiere ser la futura ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha. Texto en el que lleva trabajando varios años la Consejería de Agricultura y que la Junta quiere sacar adelante en los próximos meses, antes de que acabe la legislatura.

En este borrador también se recoge el compromiso ya avanzado por la Junta de imponer fianzas económicas a las empresas que se encarguen de gestionar residuos peligrosos. Detrás de estas finanzas están dos ‘desastres’ ecológicos vividos en esta legislatura: los incendios del ‘cementerio’ de neumáticos usados de Seseña en 2016 y el de la planta de residuos químicos de Chiloeches un año después. Desastres cuya limpieza, de momento, han corrido a cargo del erario público al no encontrarse en ninguno de estos dos casos responsable alguno de estas empresas.

Cambiar de modelo. Como reza en la exposición de motivos de esta futura ley, el objetivo de todas estas medidas sería el de «incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la Economía Circular en distintos sectores, en armonía con las nuevas medidas de la Unión Europea». Entendiendo por ‘Economía Circular’ el modelo económico que «se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible». En definitiva, «se trata de cambiar los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reduciendo el consumo de materias primas, energía y recursos, y a su vez evitando emisiones y pérdidas materiales».

Además, otro de los objetivos de esta futura ley es promover la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias y desincentivar la generación de residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo.

En este sentido, también se prevé la puesta en marcha de «incentivos» que favorezcan esta «transición a la Economía Circular». Es decir, se incentivará «la implantación y la permanencia en el territorio regional de empresas y actividades empresariales cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía circular». ¿Cómo? O bien primándolas a la hora de recibir ayudas públicas o bien contratando con ellas desde la Junta en detrimento de otras empresas ‘no circulares’. Con ello se busca, según el Gobierno regional, «facilitar la transición hacia una economía circular, primando la reducción de insumos materiales, energéticos y emisiones, el aumento del reciclado y la valorización en la gestión de los residuos, reduciendo lo máximo posible el vertido».

Además, esta ley apuesta por un cambio de modelo productivo en la región, ya que, según la Junta, «creará las condiciones para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio asociados a otros ya existentes en línea con el concepto de economía circular». Y es que, «el agotamiento de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la economía hipocarbónica serán vectores que definirán las economías modernas venideras».