El pasado día 2 de julio se publicó en el Borme la declaración de insolvencia del Albacete Balompié. Santiago Pozas, vicepresidente y consejero delegado, declaró a este diario que estaba referida a la reclamación de cantidad de un extrabajador que el club no ha satisfecho aduciendo falta de liquidez, lo que dio lugar a que el Juzgado determinase esa insolvencia.

El caso al que se refería Pozas es el de Antonio del Rey, utillero del Albacete Balompié que se presentó el 18 de julio de 2012 en la Ciudad Deportiva para realizar su trabajo diario. Pero se encontró con la inesperada y desagradable sorpresa de la carta de despido, que no recibió de manos de ningún directivo del Consejo de Administración presidido entonces por Aurelio Milla, que había sucedido a Rafael Candel dos semanas antes.

Así se ponía fin a 24 años de trabajo en el club, y comenzaba un largo camino que se ha convertido en una pesadilla para Del Rey, que se vio de la noche a la mañana en la lista del paro con 54 años de edad.

El trabajador decidió entonces hacer uso de sus derechos laborales y demandó al club por despido improcedente, lo que desembocó en un acto de conciliación sin acuerdo y un pleito en el Juzgado de lo Social número 2 cuya vista tuvo lugar el 16 de octubre del mismo año, cuya principal particularidad fue que ningún representante del Albacete Balompié se personó en el mismo, es decir, se celebró en ausencia del demandado.

Una semana después la sentencia reconoció ese despido improcedente sin que el club optara por la readmisión y sí por una indemnización de 45 días por año trabajado. En total, algo más de 40.000 euros con los que, al menos, poder hacer frente al futuro más próximo con algo de garantías.

Pero a partir de ese momento comenzó un calvario para Del Rey debido a la impotencia para que se cumpliera los dictados de la justicia. Emilio Jiménez, letrado del demandante, solicitó la ejecución inmediata de la sentencia para garantizar el cobro por parte del despedido, con un escaso éxito a la luz de los hechos. Del Rey tan sólo pudo percibir 7.000 euros tras haber solicitado el embargo de una de las cuentas del club. Y eso fue todo.

Para garantizar los derechos del ya exempleado, se solicitó el embargo de cualquier ingreso del club en forma de subvenciones de las administraciones, derechos de televisión, taquillaje o las cantidades que pueda percibir de la LFP, ahora que ha obtenido el ascenso. El propio Juzgado llegó a notificar al Albacete en persona el embargo de la taquilla del partido del play off de ascenso, sin éxito.

Al incumplimiento de los requerimientos por parte del Albacete se une la extraordinaria lentitud del Juzgado de lo Social, saturado de trabajo, lo que ha dado lugar a una indefensión en la práctica del exutillero y a su precipitación a una situación personal muy precaria. Tras dos años de litigio interminable y de incapacidad de la administración judicial para hacer cumplir la sentencia firme, el pasado día 18 percibió la última mensualidad de la prestación por desempleo.