La oposición al completo saltó ayer al cuello del Gobierno, al que acusa de abusar de forma «caciquil» de su mayoría absoluta parlamentaria para modificar de una tacada 26 leyes mediante la fórmula del decreto-ley que, según denunciaron, solo está justificada para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». 

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, llegó el lunes al Congreso y se debatirá y votará mañana. Todos los grupos, salvo el PP, creen que no hay justificación para llevar la norma al pleno en tres días, sin posibilidad de presentar enmiendas y con un turno por cada formación de 15 minutos que, aseguran, hace imposible entrar a discutir a fondo todos los cambios legislativos de calado que contempla la norma. 

La polémica surge a raíz del Real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia» que fue aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros y que contempla una serie de actuaciones que, según anunció el propio Ejecutivo, afectan a 26 leyes de nueve ministerios:  Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad. 

Entre otras medidas, esta nueva ley regula desde el llamado Sistema Nacional de Garantía Juvenil -medidas de incentivo a la contratación de jóvenes-, hasta las comisiones por la utilización de tarjetas de crédito, pasando por las tasas aeroportuarias y la libertad de horarios comerciales. 

Así, la oposición en bloque utilizó gruesas palabras para descalificar al Gobierno, al que acusó de ningunear al Parlamento utilizando su mayoría absoluta para sacar adelante unas medidas de un modo que, mantuvieron, según el artículo 86 de la Constitución , «solo puede utilizarse para casos de extraordinaria y urgente necesidad». 

En el caso del PSOE, su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez acusó al Ejecutivo y al PP de saltarse una «línea roja» con el uso «abusivo y caciquil de su mayoría parlamentaria» para aprobar un «engendro legislativo» que calificó de «deleznable e insultante». Tanto es así, apostilló, que se produce una «vulneración de la legalidad» por lo que adelantó que el decreto-ley «va a ir directo al Tribunal Constitucional», con un recurso que estará «abierto a todos los grupos de la oposición». 

Además, Rodríguez explicó, que para debatir en profundidad los cambios legislativos en 26 leyes, su grupo necesitaría sacar a «nueve portavoces» y el Gobierno a «nueve ministros». Y es que, a su juicio, esta forma de actuar denota que el Gabinete de Mariano Rajoy «actúa a golpe de improvisación» y que «su descoordinación debe ser enorme» ya que ha estado «seis meses sin traer iniciativas legislativas» y ahora «deprisa y corriendo» pretenden modificar 26 leyes en tres días. 

Desde CiU, Josep Sánchez Llivre, acusó al Ejecutivo también de estar «abusando del poder, de la mayoría absoluta y de las formas»  como ya pasó, añadió, con el aforamiento del Rey Don Juan Carlos y con la Ley de Justicia Universal. Según los nacionalistas catalanes, el Gobierno se llena la boca de hablar de regeracion democrática y de acercar las instituciones a los ciudadanos pero «actúa en sentido contrario». Por su parte, el grupo Izquierda Plural fue aún más duro; su portavoz, José Luis Centella, acusó al PP de «secuestrar la democracia» y aseguró que su grupo no iba a ser «cómplice de esta tropelía», por lo que declaró roto el contacto con los populares en el Congreso de cara a la negociación de medidas de regeneración política. 

También UpyD calificó de «monstruoso» el decreto y el PNV anunció que se plantea, incluso, no participar en la votación porque, a su juicio, la forma de actuar del Gobierno «desborda» la Constitución. 

 

EL TREN DE LA RECUPERACIÓN. La respuesta del PP fue también contundente. El portavoz del partido, Alfonso Alonso, pidió al resto de grupos «reflexión» y «un poco de responsabilidad» para no intentar bloquear un paquete de medidas que «no es de recortes, sino de incentivo» y que es «urgente» para la «reactivación» de la economía. 

Así, advirtió a la oposición de que «el tren de la recuperación solo pasa una vez» y, si se marcha, «se perderán muchas oportunidades de creación de riqueza y empleo».