El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para llevar a cabo las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de la protección ambiental anunciada por el Gobierno de Castilla La Mancha, aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en declaraciones a Europa Press. «Si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio.
Catalá recordó que esta prerrogativa, que permite otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales, ya se ha ejercido en el pasado cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones, en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País Vasco. «Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección».
En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», apuntó.
Decisión socialista. El ministro de Justicia recordó, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este Gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética». Además calificó como «un poco paradójico» que el Gobierno de Castilla-La Mancha extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces.
Catalá recordó que el proyecto del ATC dota a España de autonomía suficiente en materia de política enérgica nuclear y tratamiento de los residuos. «Que ahora, por una declaración ambiental, un gobierno autonómico considere que puede paralizar esta actuación... Creo que esto hay que ponerlo en un contexto más amplio, aunque no entro a cuestionar lo que son competencias del gobierno autonómico», concluyó.