La Comunidad de Madrid es la que tiene un mayor déficit fiscal con un total de 16.723 millones menos de los que aporta al Estado, prácticamente el doble que la segunda región, Cataluña, que arroja unos números rojos de 8.455 millones de euros, según las cuentas públicas territorializadas presentadas ayer por el experto Ángel de la Fuente en el Ministerio de Hacienda.
Las denominadas balanzas fiscales revelan que estas dos autonomías, junto a la Valenciana y Baleares son las cuatro que ostentan un balance negativo, mientras que el resto presentan un saldo positivo según el método de carga-beneficio elegido por el grupo de expertos a los que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro encargó el estudio.
En el otro lado, Andalucía (7.421 millones), Canarias (4.054), Castilla y León (3.929) y Galicia (3.240) son las que salen más beneficiadas de este cálculo.
Al analizar los datos per cápita, Madrid sigue siendo la que registra mayor déficit fiscal (2.575 euros por habitante), pero en segundo lugar se encuentra Baleares (1.329 euros) y Cataluña baja al tercer puesto, con un saldo negativo de 1.119 euros por habitante. Comunidad Valenciana ocupa el cuarto escalón con un saldo negativo de 394 euros.
Según De la Fuente, la primera conclusión que se puede sacar del estudio es que los ricos pagan más y que los pobres reciben más, aunque hay algunas excepciones, como las comunidades forales, que tienen saldos positivos, pese a formar parte de las regiones ricas, o algunas autonomías de rentas bajas con saldos neutros o negativos, como la Valenciana o Murcia.
impuestos. Las balanzas fiscales se han calculado a partir de gastos e ingresos. A juicio del encargado de presentar el informe, dos tercios de los saldos se explican «única y exclusivamente» por los ingresos debido a los elevados impuestos de las provincias más ricas, datos que no son «raros ni preocupantes».
Así, solo un tercio de esos saldos fiscales habría que mirar con más detalle porque podría indicar diferencias de trato entre regiones. Para el analista, hay partidas que tampoco preocupan porque no generan problemas de equidad territorial, como las prestaciones sociales, por lo que solo interesa el 17 por ciento del gasto que sí es territorializable.
Éste, según explicó, sí refleja diferencias en el trato a los ciudadanos en la financiación territorial y el porcentaje, aunque es «menor de lo que dicen algunos», es «preocupante». En este sentido, el analista recalcó que para que los españoles tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos, la financiación regional tendría que ser «más uniforme».
De hecho, reconoció que el grado de igualdad en acceso a los servicios públicos no es el deseado, y que si se incluye a las comunidades forales, las diferencias son aún más grandes, por lo que no se cumple el principio constitucional de que el sistema autonómico no debe generar privilegios.
Sobre las cifras de Cataluña y las diferencias que existen con las publicadas por la Generalitat, De la Fuente recordó que ellos usaron otra metodología (flujo monetario), y que calcularon el saldo de la región teniendo en cuenta solo el Estado y no las relaciones con otras comunidades.
Al ser preguntado sobre si el año que viene se incluirán ya las ayudas a la banca y sobre cómo se repartirán, el experto admitió que el tema es difícil y que habrá que pensar cómo se hace, aunque lo más probable es que el reparto se haga en función de los depósitos y su distribución regional. Además, recordó que el volumen total de ayudas tardará tiempo en conocerse.
Como era de esperar, los presidentes de las comunidades que salían peor paradas en el estudio alzaron la voz. Así, el madrileño Ignacio González insistió en que es «un modelo que perjudica gravemente a su región y está lleno de «retorcimientos interpretativos» que hacen que reciba «una financiación por habitante muy por debajo de la que tiene otros» cuando es la región que más aporta. Desde Cataluña, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamó que se use también el método de flujo monetario.