El Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, marcará sin duda el nuevo curso político. Y no sólo porque será el último de la legislatura (en mayo hay elecciones), sino porque este debate ha sido siempre el foro elegido por la presidenta de la Junta para definir la línea a seguir tanto a corto como, y sobre todo, a largo plazo. Su discurso de estos días es, por decirlo de alguna manera, el espejo en el que se refleja su forma de entender Castilla-La Mancha.

Y lo que dice Cospedal se convierte rápidamente en ley por su Ejecutivo. Todos los grandes anuncios hechos por la presidenta durante los dos Debates sobre el Estado de la Región que se han celebrado en lo que ve legislatura ya son una realidad, con una reforma del Estatuto de Autonomía incluida.

Una manera de entender estos debates muy diferente a la que manejaba el PSOE, sobre todo en su última etapa al frente de la Junta. José María Barreda solía utilizar la apertura del curso político para retomar la llamada ‘guerra del agua’ contra el Levante. Baste recordar que en su último discurso como presidente el gran titular se lo llevó su intención de elevar una proposición de ley al Congreso de los Diputados para que Castilla-La Mancha asumiera nuevas competencias en agua. Proyecto de Ley que, por otro lado, quedó en nada con la salida de los socialistas del Gobierno tanto en Madrid como en Toledo. También era muy del gusto de Barreda anunciar en este tipo de debates grandes pactos con los agentes sociales, el último de ellos el llamado Pacto por Castilla-La Mancha. Y al postre, con las encuestas anunciando un cambio de ciclo político en la comunidad, estos plenos terminaron siendo un cruce dialéctico entre el ya expresidente y Cospedal, sin más.

Pero volviendo a la etapa ‘popular’, los anuncios hechos por la presidenta en estos debates se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos dirigidos a la reactivación económica y los enfocados a rediseñar el sistema público autonómico.

En este último bloque se engloba la reducción a la mitad del número de escaños y la supresión del salario fijo para los diputados autonómicos, que fue el primer gran anuncio hecho por Cospedal en un Debate sobre el Estado de la Región. «En estos tiempos difíciles, los políticos tienen que dar ejemplo», dijo entonces.

Y cumplió lo dicho. Pese a la insistente oposición del PSOE -y del resto de partidos con representación en el Congreso-, la presidenta se embarcó en una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el arco parlamentario en la comunidad. Un proceso que culminó hace apenas un mes, con la aprobación de una nueva reforma de la ley electoral, que deja en 33 el número de diputados autonómicos.

En cuanto a los sueldos, apenas cuatro meses después de anunciarlo Cospedal, los diputados castellano-manchegos dejaron de cobrar un salario fijo de las Cortes y comenzaron a compatibilizar su trabajo parlamentario con sus anteriores ocupaciones profesionales. Desde enero de 2013, los representantes autonómicos sólo cobran de lo público una indemnización y dietas por asistir a plenos y comisiones, en torno a 1.500 euros al mes frente a los 3.000 euros de antaño.

El año pasado Cospedal también aprovechó el Debate sobre el Estado de la Región para culminar su reestructuración del sector público regional, confirmando la supresión de la Sindicatura de Cuentas. Esta medida, incluida en el programa electoral del PP, se sumó a los ‘cierres’ ya realizados del Defensor del Pueblo, de la Comisión Regional de Competencia y del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.

Según ha defendido siempre la presidenta, estos recortes buscan acabar con la duplicidades entre el Ejecutivo central y el autonómico. Con todo, desde el pasado junio la fiscalización de la Junta de Comunidades ha regresado al Tribunal de Cuentas estatal.

Y como heredera de una deuda pública calificada por ella misma de ingente, Cospedal también ha aprovechado estos debates para dejar claro a su equipo que el «Gobierno no habilitará ninguna ayuda sin su correspondiente crédito presupuestario». Un compromiso que se ha transformado en ley, la conocida como Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla-La Mancha, aprobada en diciembre de 2012.

Apuesta por la empresa. En el plano económico, la presidenta ha optado en este tipo de debates por presentar ayudas enfocadas las recuperación económica. Aquí se engloba el llamado Plan de Inversión y Creación de Empleo (PiCE), presentado en 2012 y ya en vigor, y la línea de ayudas Empresa-Empleo, enfocadas a favorecer la contratación de parados por las empresas de la región y que va por su segunda edición.

Y también es ya una realidad el nuevo Plan Estratégico de Turismo (presentado hace unos meses en Guadalajara) y el llamado ‘mapa del suelo industrial’, que busca favorecer la implantación de empresas en la comunidad y que a día de hoy está a pleno rendimiento.

El Gobierno ‘popular’ se ha fijado en el sector agroalimentario -y sobre todo en el vino- como motor para relanzar la economía regional. La idea de celebrar una Cumbre Internacional del Vino en Toledo nació en unos de estos debates.

La educación es otro de los motores para cambiar el rumbo económico y, por ello, el pasado año ya se anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para que en no más de cinco años todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan secciones bilingües.

El aprendizaje de idiomas es una obsesión para la presidenta y vistos sus últimos discursos no sería de extrañar que la próxima semana la jefa del Ejecutivo regional diera una nueva ‘sorpresa’ en este ámbito.

Lo que no se ha cumplido es el ofrecido pacto de legislatura con el PSOE, expresado por la presidenta tanto en 2013 como en 2012. Que decir tiene que ahora, a pocos meses de las elecciones, este ofrecimiento de pacto tiene, cuanto menos, poco futuro en uno y otro bando.