Nueva vuelta de tuerca en la deriva secesionista catalana. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avaló ayer, aunque con cuatro votos particulares entre sus nueve miembros, la constitucionalidad de todo el texto de la nueva ley de consultas que el Parlament prevé aprobar el próximo mes.
En sus conclusiones, considera que no se vulnera la Carta Magna ni el Estatut. Pere Jover y Eliseo Aja -que fueron nombrados a proposición del PSC-, Marc Carrillo -nominado por ICV-EUiA-, y Carles Jaume Fernández -auspiciado por el PP-, se opusieron a la resolución finalmente aprobada solo con los sufragios de los juristas colocados por Convergencia y Esquerra.
El dictamen llega después de que los partidos proconsulta -CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP- llevaran al texto al Consejo en julio para que se pronunciara sobre cinco artículos, pese a estar convencidos de la constitucionalidad de la norma, y también lo solicitaron PP y PSC.
Buscando un argumento legal al que agarrarse -en particular los convergentes-, las cuatro formaciones secesionistas se comprometieron a acudir al CGE, ya que argumentaron que así se desvanecerían las dudas de quienes cuestionan que sea constitucional.
Pese a que PP y PSC también pidieron al órgano consultivo que se pronunciara sobre la doble pregunta del 9-N, este órgano aseguró que no es su papel, al considerar que no es algo que esté incluido en la norma examinada, y más cuando consideran que se trata de un acuerdo de índole político: «A efectos de nuestra tarea consultiva, carece de consecuencias jurídicas y hasta de existencia en la esfera del Derecho».
cláusula abierta. En su argumentación sobre la constitucionalidad de la próxima ley de consultas no refrendarias, el CGE recupera parte de la doctrina que expuso cuando se aprobó la que existe actualmente, y constata que el Estatut ya recoge una lista que enumera instrumentos de democracia participativa (encuestas, audiencias públicas y fórums de participación) que se completan con la cláusula abierta «y cualquier otro instrumento de consulta de carácter popular».
Asimismo, los votos particulares emitidos por cuatro de los nueve miembros del CGE coinciden en señalar la ambigüedad creada entre el término consulta y referéndum en este texto. Algunos estiman que se vulnera la Carta Magna (hasta en la edad para votar, fijada por la Generalitat y sus aliados en 16 años), y otros que incluso el Estatut de 2006. También se señala que la cita del próximo 9 de noviembre no es más que un referéndum encubierto.
Aunque no haya habido sorpresas -el dictamen del Constitucional catalán era de esperar-, sí que se podría considerar una victoria amarga el no haber podido arrastrar a la causa al colocado por ICV. ¿Crisis a la vista?