La prensa alemana realizó varias publicaciones sobre la situación de las temporeras marroquíes que se desplazaban a Huelva para recoger la fresa, en las que denunciaban la explotación laboral a la que estaban sometidas. Dichas informaciones despertaron el interés de la abogada albacetense Belén Luján Sáez, miembro de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, que decidió investigar lo que allí sucedía, junto a su compañero, Jesús Díaz Fermoso.
Los abogados contactaron con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que les puso en contacto con un musulmán, conocedor del terreno, que tenía información sobre fincas y situaciones concretas.
El 31 de mayo, los dos abogados se presentaron en una finca de Huelva, donde explicaron que tenían información de que había trabajadoras enfermas y les dejaron pasar. «Teníamos la sensación de estar en un campo de refugiados, íbamos pasando verjas, hasta que llegamos a una especie de recinto, cerrado con llave, en el que hay un montón de casetas de obra, que era donde estaban habitando las trabajadoras, hacinadas, en literas, sin ventanas, en unas condiciones bastante feas».
A partir de ahí empezaron a salir mujeres a su encuentro, a las que no entendían y hallaron a una trabajadora enferma, que ellos mismos llevaron al hospital. Además solicitaron a las mujeres que se quedaban que hicieran un listado de nombres de quienes quisieran denunciar algo ante la inspección de trabajo o ante un juzgado.
Tras abandonar la finca y ser perseguidos, inicialmente por personal de la finca, llevaron a la mujer a recibir tratamiento médico. Al día siguiente la trabajadora quería poner una denuncia, cosa que intentaron en los juzgados de Huelva y Palma, ante la Fiscalía y en el puesto de la Guardia Civil de El Rocío, sin éxito.
Finalmente Belén Luján se quedó en la Comandancia narrando lo sucedido, mientras su compañero fue a la finca acompañado de agentes de la Guardia Civil, momento en el que las temporeras le hicieron entrega de una lista de 100 personas que querían denunciar. «Vemos un intento de la Guardia Civil de evitar que las denuncias fructificasen. A la primera trabajadora se le coge la denuncia de mala manera, con una persona que hablaba francés, pero no árabe».
Según Luján, desde la salida de la primera trabajadora, las otras temporeras «se sienten encerradas físicamente y estaban realmente asustadas», porque la empresa tenía ese listado.
(Más información en edición impresa)