Poco podía imaginar el párroco de Madrigueras, Antonio Carrascosa, la polémica que se iba a generar cuando encargó el año pasado al artista Jesús Utiel que repintase el retablo del altar de San José. situado en la iglesia de San Pedro y San Pablo de esta localidad de La Manchuela.
Se trató, según el propio Utiel, de un encargo casi rutinario, ya que «cuando se rompe algo de relativo poco valor en la iglesia, me llaman para que lo repare». Así ocurrió y el pintor local, graduado en Bellas Artes, se dispuso a dotar de nuevos colores al retablo y el altar, que datan de 1989, están realizados sobre escayola y, como recalca, están «exentos de la ley protectora de patrimonio».
Concluido el trabajo, que incluyó la donación de dos lienzos de su autoría, párroco, feligreses y vecinos quedaron satisfechos con la obra, según recalcan Utiel y otros comentarios. Los nuevos colores, con los que sustituyó el marrón anterior, encajaban en el conjunto y nadie le dio una importancia excesiva a ese nuevo aspecto.
Sin embargo, semanas después, el Obispado y otras instituciones (como el Ayuntamiento o los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes) recibieron cartas de la Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE), en las que se acusaba al pintor de «intrusismo profesional» al no poseer «la titulación adecuada».
La misiva, en la que por error se citaba a los destinatarios como «responsables de la custodia de los bienes culturales de Castilla y León» (y no de Castilla-La Mancha), instaba también «a paralizar este tipo de actuaciones, con el objetivo de proteger los bienes patrimoniales y al colectivo de conservadores-restauradores del intrusismo profesional».
respuestas. El propio párroco y el autor respondieron a ACRE, bien de forma directa o a través de redes sociales, lo que motivó días de polémica y comentarios desagradables. En las argumentaciones de respuesta a la asociación, defendían entre otros aspectos que el retablo no estaba amparado por ninguna ley ni está considerado Bien Cultural, que la profesión de conservador-restaurador no existe legalmente y que ninguna norma obligaba a la parroquia a contratar a alguien con un determinado nivel de estudios para un trabajo que costó aproximadamente 500 euros, cantidad que probablemente habría crecido al recurrir a profesionales de otra localidad, según aseguran.
Calmadas las aguas y tras obtener el respaldo de sus vecinos, Utiel se mostraba dolido, porque ACRE «se ha dedicado a difamarme y dejar mi nombre por los suelos». «Se dedican a enviar cartas a instituciones que pueden encargar restauraciones, una de sus grandes preocupaciones es velar por los intereses económicos de sus afiliados», añadió.