La Fiscalía ha abierto diligencias por presuntas irregularidades en el convenio de publicidad firmado por la ya extinta empresa pública ‘Don Quijote’ con una línea aérea durante la última etapa del Gobierno socialista. Un contrato que buscaba la promoción turística de la región y que ascendió a 3,24 millones de euros.

En concreto, el Ministerio Público estaría investigando «la adjudicación de contratos de difusión de publicidad por parte de la Dirección General de Carreteras, perteneciente a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, a través de las empresas públicas ‘Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha’ y ‘Don Quijote de la Mancha, SA’, en la que las condiciones restrictivas parecen diseñadas al objeto de conseguir que el adjudicatario sea el único licitador», según reza la última memoria de la Fiscalía regional, publicada este semana por las Cortes.

Irregularidades de fondo y forma.

Pero aparte de las formas, también se duda del fondo de esta acción, al haberla realizado una Dirección General dedicada a la ejecución de obras públicas, no a la promoción turística. Como apunta la Fiscalía, es «muy cuestionable el propio contenido del convenio, que no se dedica a la ejecución de obras e infraestructuras propias del encargo de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, sino que va destinado a difusión publicitaria, cuestión que, además de no haber respetado escrupulosamente el sometimiento al régimen de oferta pública, parece que no guarda relación con el objeto de las sociedades de Derecho público citadas».

Finalmente, también se habrían comprobado irregularidades administrativas «en el proceso de contratación de servicios por parte de la Empresa pública ‘Don Quijote de la Mancha SA’ y de la Empresa pública ‘Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha’, con el objeto de difusión publicitaria en líneas aéreas», añade la citada memoria.

Todo parte de la Sindicatura.

Cabe apuntar que la Fiscalía ha tomado cartas en este asunto tras recibir desde el Tribunal de Cuentas sendos informes de la Sindicatura de Castilla-La Mancha (que desaparecerá en unas semanas) alertando sobre esta presunta irregularidad. En concreto, la Sindicatura hizo públicas en febrero del pasado año las auditorias de ambas sociedades, donde se criticaba tanto las formas de esta contratación en concreto, como el descontrol generalizado en el gasto de la empresa pública Don Quijote.

 Por todo ello, desde la Fiscalía se habla ya «sin perjuicio del resultado del proceso que en su día se incoe», de que estos hechos podrían suponer un presunto delito de prevaricación, de fraude a entes públicos y de malversación, todos ellos tipificados en el Código Penal.

Pero volviendo a los informes del Síndico de Cuentas, estos ya denunciaron que el concurso abierto para cubrir este contrato publicitario requería condiciones «restrictivas», que sólo podía cumplir la empresa que se presentó. En concreto, se exigía que los vuelos ‘publicitarios’ tuvieran destino y origen en territorio español y que la compañía operara en al menos doce comunidades autónomas, entre ellas, claro está, Castilla-La Mancha.

Y se alertaba también de que el expediente no determinada «el precio de la prestación objetivo del contrato», ni se garantizaba la comprobación «de las prestaciones previstas en el pliego».

A parte de todo esto, en su informe definitivo de fiscalización de la empresa pública ‘Don Quijote’, la Sindicatura advertía de que el 50 por ciento del gasto realizado no guardaba relación alguna con el objeto social de este ente público. Es el caso de la producción de películas como La Conjura del Escorial, de escaso recorrido en taquilla, o la promoción de festivales de pop o conciertos de ópera en Toledo.

Del Quijote a conciertos pop.

No hay que olvidar que el ente ‘Don Quijote de La Mancha’ nació con el mandato de promocionar el IV Centenario de la primera edición del Quijote en 2005 y, una vez pasada esta efeméride, se iniciaron los trámites para cambiar su objeto social y pasar a ser una suerte de versión autonómica de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones. Cambio que no llegó hasta bien entrado el año 2008.

Pero el descontrol en las cuentas y los desfases a la hora de presupuestar eventos culturales provocaron unas pérdidas de más de 13 millones de euros en 2007, según la Sindicatura, obligando a la entonces Junta socialista a destinar una subvención extra de 13,4 millones.

El actual Gobierno regional, del Partido Popular, ya avisó en su día de que este descontrol «no le iba a salir gratis» al anterior Ejecutivo socialista, llegando a barajar su posible entrada en los tribunales. Desde el PSOE, por contra, se ha insistido siempre en que en la empresa pública «Don Quijote de La Mancha» no hay irregularidades.

A la espera de ver si las desventuras de ‘Don Quijote’ terminarán en un juzgado o no, lo que ya parece sentenciado es la desaparición de este tipo de sociedades en el nuevo esquema autonómico. La propia sociedad «Don Quijote» fue suprimida por la nueva Junta popular a finales de 2011, junto a entes públicos como el Consejo Económico y Social o la Comisión Regional de la Competencia. La misma suerte correrá a finales de este mes de octubre su fiscalizador, la Sindicatura de Cuentas, que traspasará sus funciones al Tribunal de Cuentas estatal.