La antigua fábrica de la empresa textil valenciana Sáez Merino en Casas Ibáñez, donde trabajaron decenas de vecinos de Casas Ibáñez hasta su cierre en 2005, podría tener nuevo dueño en las próximas semanas.
El juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia decretó una subasta notarial para esa propiedad, inactiva desde hace ya una década, como parte del proceso de liquidación de la compañía. De acuerdo al auto judicial, el precio de salida es de 240.001 euros, los interesados podrán presentar sus ofertas hasta mañana viernes y el acto de apertura tendrá lugar el lunes en la capital valenciana.
Ese precio de salida se ha fijado al ser un euro superior al importe de la mayor de las dos ofertas que había recibido el liquidador, según señala también el texto legal. Finalmente, el juez optó por la adjudicación a través de subasta «para dar la mayor transparencia y oportunidades a todos los ofertantes y evitar sucesivas e innecesarias demoras».
Dado ese interés, todo indica que la factoría sí tendrá esta vez comprador, a diferencia de lo que ocurriera en una primera subasta, celebrada en 2012 y a la que no concurrieron aspirantes. Ese proceso formaba parte del plan de liquidación aprobado por el juzgado en 2010 para este grupo empresarial, que fuera puntal de la fabricación de pantalones vaqueros en España, con la marca Lois como enseña principal, junto a otras como Cimarron, Caroche o Caster.
Un anexo del auto judicial recoge las características de la finca, situada en un solar con cerca de 19.500 metros cuadrados de superficie, con dos naves donde se llevaba a cabo la confección y dos edificios anexos para otros servicios. En total tiene «una superficie edificada de 7.109 metros cuadrados que incluye un muelle de carga y descarga, un centro de transformación, lavandería y mantenimiento, oficinas, comedor, clínica y aseos, y el resto destinado a ensanches, zona ajardinada, aparcamiento y otros servicios».
cargas. Este centro de trabajo, uno de los primeros que cesó la actividad de entre los 11 con que contaba Sáez Merino, contaba con una hipoteca de unos dos millones de euros para garantizar el pago de parte de la deuda aplazada por el grupo empresarial. Sin embargo, Hacienda desestimó ejecutarla para asumir la fábrica, con lo que la deuda se entiende cancelada, según el liquidador.
En cualquier caso, el auto judicial sí recoge que el adjudicatario de la finca deberá asumir «los gastos e impuestos correspondientes, así como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pendiente de pago y cualquier carga, gravamen u obligación que se adeudase».
Este largo proceso ha generado expectación en la localidad, aunque aún se desconocen datos fiables sobre los ofertantes o su intención de comenzar alguna otra actividad productiva en las instalaciones, incógnita que quizá se resuelva pronto.