Entidades locales y partidos de la oposición acogieron con satisfacción el reciente anuncio del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de la próxima aprobación de un Decreto Ley que permitirá a ayuntamientos y diputaciones invertir su superávit presupuestario de 2017. Esa medida se haría extensible a los ejercicios de 2018 y 2019 y estará elaborada en un plazo de dos semanas, de acuerdo al compromiso adquirido con la FederaciónEspañola de Municipios y Provincias (FEMP).Esta había sido una reivindicación constante desde la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. Entre los argumentos utilizados por los detractores de ese texto se encontraba el hecho de que se imponían estrictos límites a la capacidad inversora de entidades saneadas y que las locales eran las únicas entidades públicas a las que el Ministerio impedía endeudarse, mientras sí lo permite para el resto de instituciones.