No son sólo pequeñas obras, hay incluso amplias reformas que han dado lugar a la construcción de una planta más en la vivienda. Otros han ido más allá y se han hecho una piscina en el jardín de casa pero no la han declarado oficialmente. Y puestos a ir más lejos, los hay quienes se han atrevido a edificar una nueva casa sin llegarla a registrar.

El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una campaña de revisión para localizar inmuebles que no estuviesen declarados. Los dueños de estas construcciones que permanecían ocultas para el Catastro no están siendo multados, pero sí tendrán que pagar más impuestos.

De entrada, Hacienda sólo les reclama que paguen una tasa de 60 euros, se supone que en contraprestación por el trabajo de inspección extra que está realizando la Dirección General del Catastro, que incluso ha tenido que contratar personal para llevar a cabo esta regularización catastral extraordinaria que entró en vigor en 2013 y se extenderá hasta 2016.  El afloramiento de estos inmuebles hasta ahora ocultos para Hacienda y los ayuntamientos, repercute en el erario público en forma de mayor recaudación vía impuestos.

primeros resultados. Este procedimiento, que en la provincia comenzó por Abengibre, Ayna y Valdeganga, pero que se ha realizado ya en 23 municipios de la provincia,  ha dado sus frutos. Según datos aportados por Hacienda, al cierre del ejercicio 2014 ya habían sido regularizados en la provincia 4.722 los inmuebles. Eso significa, que más de un 12% de los inmuebles que hay en estas localidades no estaban al día de cara a Hacienda, porque los datos que constaban en el Catastro de dichos bienes «no casaban con la realidad», señalan fuentes ministeriales.

El plan de Hacienda es llevar esta campaña a todos los municipios de España, de aquí al 2016. El procedimiento es sencillo. Primero se invita a los vecinos a normalizar la inscripción de sus propiedades. Si bien Catastro pone a trabajar a sus técnicos, que se valen de visitas a pie de campo o de fotografías aéreas, para comprobar si la información con la que cuentan es real o se ha modificado. A los propietarios de casas donde se detecta alguna alteración no registrada se les da un plazo de 15 días para formular alegaciones y una vez resuelta la discrepancia si la hubiera los nuevos datos se incorporan al registro catastral y surten efecto desde el día siguiente.

No es baladí la cuestión, pues el valor catastral sirve de base a la hora de calcular importantes tributos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se paga a los ayuntamientos. En base a estos nuevos valores catastrales, los ayuntamientos tienen la opción de reclamar al dueño el IBI de hasta los últimos cuatro años que no pagó al no haber declarado el inmueble ahora descubierto, más los correspondientes intereses de demora. Los anteriores se consideran prescritos.

En Hacienda han hecho una estimación del dinero que supondrá para las arcas públicas el afloramiento de este fraude. Estiman que por cada inmueble que se ha regularizado, se recaudarán 104 euros más en concepto de IBI correspondiente al año 2014. Es decir, que gracias al trabajo realizado hasta ahora los 23 municipios recaudarán 491.000 euros más por este tributo.

La liquidación de los atrasos se estima en 255 euros por inmueble, por tanto en la provincia estaríamos hablando de 1,2 millones de euros más de ingresos tributarios. En total, entre la liquidación del 2014 y los atrasos, la recaudación extra para el erario público sería de 1,7 millones de euros.

otros impuestos. El Impuesto de Bienes Inmuebles, que sustenta buena parte de la economía de los ayuntamientos, no es el único ayuntamiento que se calcula en base al valor catastral. La plusvalía, tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende o hereda una propiedad, también está vinculado al valor catastral. Este dato también afecta al IRPF de las viviendas no habituales, pues sus propietarios tributan entre el 1% y el 2,1% del valor catastral.

Los efectos de este procedimiento de regularización catastral son, únicamente, tributarios. Nada tienen que ver con cuestiones urbanísticas, es decir, que si una obra es ilegal no dejará de serlo por mucho que el Catastro la haya hecho aflorar.

La Ley del Catastro Inmobiliario obliga a comunicar cualquier alteración en los inmuebles en el plazo de dos meses desde su realización.