Desarrollar actuaciones de inspección y control ambiental y posibilitar el seguimiento de las instalaciones y actividades sometidas a los distintos procedimientos ambientales de autorización y/o comunicación son los objetivos de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que acaba de aprobar este programa para el presente año 2015. Así lo recogía el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el pasado viernes 27 de marzo, cuya publicación también contemplaba una memoria de actuaciones de Inspección Medioambiental referida a 2014.

El Plan de Inspección Medioambiental 2012-2018 establece la necesidad de que su ejecución sea flexible a los cambios, adaptándose a los recursos disponibles y a la experiencia adquirida a lo largo del desarrollo del plan. Por ello, se realizan programas anuales, tal y como se ha venido haciendo los años 2012, 2013 y 2014 y también durante se hará en 2015.

El personal dedicado a las tareas de inspección pertenece al colectivo de personal funcionario de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura y de los servicios periféricos, a organismos de control autorizados, a personal de otros organismos con competencia en materia de inspección en virtud de los convenios o acciones conjuntas que la Consejería pueda establecer, y a través también de encomiendas de gestión de la Consejería con entidades privadas o empresas públicas para tareas de vigilancia y verificación.

Según la memoria de actuaciones del pasado año, durante 2014 se realizaron un total de 442 inspecciones in situ, de las cuales 309 fueron sistemáticas en instalaciones en base a leyes o normativas.

El resto fueron inspecciones no sistemáticas a raíz de 30 denuncias, 46 autorizaciones, concesiones, renovaciones o clausuras; 3 accidentes, y 54 actuaciones  por otros motivos; lo que hace un total de 133. Por otro lado, se llevaron a cabo 231 inspecciones documentales, de las 214 fueron sistemáticas  y 17 no tenían ese carácter.

resultados. Según la memoria publicada en el DOCM, en las inspecciones realizadas se detectaron 7 desviaciones muy graves, 41 graves y 893 leves. Así, se propuso el inicio de expediente sancionador a los servicios jurídicos correspondientes en 197 instalaciones de las inspeccionadas.

De otro lado, en el apartado de verificación medioambiental  se registraron durante el año pasado 938 actuaciones, de las cuales 414 se hicieron in situ. Las 524 restantes se corresponden con actuaciones de verificación documental consistentes en revisión de memorias de gestores de residuos y en archivos cronológicos de transportistas. También se revisaron 284 informes de mediciones de instalaciones sometidas a la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La Consejería, a través de la Dirección General competente da por cumplidos sus objetivos en relación a 2014, y además destaca la importancia de haber impartido un curso de Inspección Medioambiental en Castilla-La Mancha a través del Programa de Formación Específica enmarcado en el Plan de Formación para los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo marcado para este año es la organización de las inspecciones medioambientales a realizar en la región, la comprobación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental de las inspecciones y actividades desarrolladas en Castilla-La Mancha y de los requisitos impuestos en las autorizaciones y evaluaciones ambientales de proyectos, planes y programas, así como la detección de actividades no autorizadas, no comunicadas o no evaluadas cuando estén obligadas a ello.

En principio, para el año 2015 se ha programado la inspección in situ de 266 instalaciones, que son aquellas que tienen una frecuencia de inspección anual, bienal o trienal y les toca este año. La inspección sistemática se llevará a cabo en 164 instalaciones de gestores de residuos autorizados (74 en la provincia de Toledo, 39 en Ciudad Real, 25 en Cuenca, 15 en Albacete y 11 en Guadalajara).

Estas son las actuaciones previstas, pero en función de la demanda se verán incrementadas si se producen casos de denuncia, investigación de accidentes, o -entre otras cosas- clausura de actividades e instalaciones.