El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo continuó a la baja en 2023, siguiendo la tendencia que ya se había comenzado en el año anterior, cuando realmente comenzaron a superarse los efectos en la economía de la pandemia del Covid-19. En cualquier caso, las cifras siguen por encima de las previas a esa crisis, indicando una cierta dinámica de inestabilidad en la que han influido numerosos factores desde entonces.
De acuerdo al último avance publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fueron 478 los empleados (373 hombres y 105 mujeres) del territorio albacetense que vieron alteradas o extintas sus relaciones laborales a causa de esos expedientes justificados ante la autoridad laboral. Esa cifra supone un descenso del 12,7% con respecto a los 547 afectados de 2022 y mucho más significativo, hasta el 84%, en comparación con los 3.031 de 2021, cuando aún continuaban adelante muchos expedientes de regulación temporal.
La comparación exacta con 2020 es imposible, ya que el Ministerio no publicó el estudio completo ese año en el que el virus alteró todo el sistema productivo, aunque informes aproximados sitúan en algo más de 23.000 los albacetenses que se vieron afectados por algún expediente. Por el contrario, la cifra actual queda aún muy por encima de los apenas 36 de 2019.
tipología. En cuanto a los tres tipos de expedientes que recoge el avance, cabe destacar que se produjo un considerable aumento, del 120%, en los despidos colectivos, pasando de 55 a 121 trabajadores afectados.
De forma más leve crecían los casos en que el ERE supuso una reducción de jornada, de 100 a 109 y un nueve por ciento de aumento. Mientras, el mayor descenso correspondió a las suspensiones temporales de contratos, una situación en la que se vieron incluidas 248 personas, un 36,7% por debajo de las 392 afectadas el año anterior.
Mientras, la comparación con ámbitos territoriales superiores, indica que la tendencia a la baja fue generalizada en todo el país, con porcentajes de descenso superiores a los de la provincia.
Así, los trabajadores afectados en Castilla-La Mancha quedaron en una tercera parte de los contabilizados el año anterior, al pasar de 4.522 a 1.457. Entre ellos, la mayoría sufrieron una suspensión temporal de contrato, situación que afectó a 846, mientras que 349 fueron despedidos y a 262 se les redujo la jornada.
Mientras, a nivel nacional, la reducción en el número total de personas afectadas por regulaciones de empleo fue cercano al 40%, bajando de 294.702 en 2022 a 181.139 el pasado año. También fueron mayoría las suspensiones de contratos, con algo más de 135.000 casos, seguidas de las disminuciones de jornada (34.173) y despidos (24.215).
Según detallan desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la fuente básica de información son los datos estadísticos individualizados de cada uno de los procedimientos de regulación resueltos o comunicados a las autoridades laborales competentes de las comunidades autónomas o a la Dirección General de Trabajo.