Escribano busca reforzar el protocolo de las conformidades

J.G.
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El decano de la abogacía albacetense está en conversaciones con la Fiscalía para reforzar la confidencialidad de las comunicaciones, como presidente de la Comisión de Deontología

Imagen de la reunión mantenida entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía. - Foto: Fiscalía

El decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, ha comenzado con ímpetu su trabajo como nuevo presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía, cargo al que accedió el pasado 22 de marzo, puesto que ya se encuentra en conversaciones con la Fiscalía General del Estado para crear un nuevo protocolo de conformidades que refuerce la confidencialidad de las comunicaciones.

 Así lo explicaba a La Tribuna de Albacete. «Estamos hablando con la Fiscalía General de cara a reforzar el protocolo de conformidades, que es muy interesante tanto para la Fiscalía, como para los profesionales, de cara a conseguir posibles acuerdos, que supongan una rebaja de pena para los clientes y, al mismo tiempo  aligere también la carga de trabajo de la Fiscalía».

La reunión. De hecho ya se ha realizado una reunión en la sede del Consejo General de la Abogacía, que ha permitido trabajar en una primera propuesta que tendrá continuidad en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo lo antes posible. «La iniciativa ha partido del Consejo General de la Abogacía. Se hizo una propuesta que fue inmediatamente aceptada por la Fiscalía General y de hecho ha sido todo bastante rápido. Ya hemos tenido la primera reunión, con el resultado bastante satisfactorio, en el sentido de que hay una voluntad de trabajar y colaborar, para restablecer las relaciones de la mejor manera posible, sobre todo en lo que afecta a todas las actuaciones profesionales y espero que en un breve plazo podamos cerrar un nuevo acuerdo, que sea satisfactorio para todos».

 Desde la Fiscalía señalan que el primer encuentro ha permitido constatar la voluntad compartida de dotar de mayores garantías a un sistema que está funcionando en su conjunto con resultados satisfactorios en beneficio de los justiciables y de la Administración de Justicia. También ha existido un claro consenso en dar continuidad al trabajo conjunto con la creación de una comisión de seguimiento del protocolo.

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