En relación con la apertura de diligencias sobre un supuesto de tráfico de influencias que podría afectar a su esposa, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno dijo este miércoles en sede parlamentaria: "A pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país".

No creo que Pedro Sánchez pase a la historia por esta frase, pero la descarga verbal traslada un mensaje perturbador. El de un cargo institucional que, en el fondo, cuestiona lo que parece defender. En este caso, el buen funcionamiento de la Justicia para deshacer entuertos caiga quien caiga ¿A qué viene, si no, ese "a pesar de los pesares"?

Nos quedan los jueces. Estoy muy de acuerdo. En la banalizada política española siempre será mejor la verdad judicial como asidero de la ciudadanía. Las alternativas nos llevan al desbarajuste, las conjeturas, los viscosos procesos de la intención ajena y la bronca pública.

A saber:

La verdad política, cuyos argumentos de autoridad vienen enlatados desde las sedes de los partidos en disputa por el poder.

La verdad mediática, editorializada en nombre de una posición ideológica (en el mejor de los casos).

Y la verdad parlamentaría, esa que dicen perseguir las llamadas comisiones de investigación creadas en el Congreso o en el Senado con credibilidad cero en cuanto a resultados finales.

Lo último se aplica a las dos comisiones abiertas para rastrear los posibles conflictos de intereses del presidente del Gobierno, algunos ministros o, en su caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Baste recordar que uno de los señalados, el exministro Ábalos, ahora diputado, estuvo a punto de presidir la comisión de Interior del Congreso para hablar de corrupción. Hubiera sido como poner a Dani Alves a disertar sobre el amor a primera vista en un colegio de monjas.

No sabemos en qué estaría pensando Sánchez al declararse partidario de las verdades judiciales "a pesar de todo", como dando a entender que tampoco los jueces están libres de pecado respecto a la instrumentalización de sus decisiones. Eso es indemostrable, más allá de los procesos de intención formulados por los independentistas ("lawfare" es la figura), pero en ese punto es inevitable remitirse a la doctrina televisada del mismo presidente Sánchez: en la Fiscalía manda el Gobierno.

Todavía resuenan los ecos de aquella declaración que, supongo, sigue siendo una fuente de malos ratos para el actual fiscal general, García Ortiz. Fue como una invitación a rastrear la verdad en el subsuelo de la institución constitucionalmente llamada a "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" ¿Pensaba también en la Fiscalía cuando deslizó su reserva ("a pesar de todo")?