El Grupo Parlamentario de VOX, compuesto por 52 diputados, entre ellos cinco de Castilla-La Mancha, se presentó este lunes en el Congreso con una fotografía de familia encabezada por su presidente, Santiago Abascal. El líder del partido aseguró que «los 52 de VOX», 13 mujeres y 39 hombres, van a ser un «dique de contención» contra las políticas de la izquierda y recordó que tienen suficiente número de escaños -basta con 50-  como para poder presentar recursos ante el Tribunal Constitucional lo que les convierte, dijo, en una «garantía» frente a las «leyes liberticidas que el Gobierno quiera aprobar».

«Tenemos la capacidad de recurrir leyes ante el Tribunal Constitucional», afirmó Abascal en una rueda de prensa previa a la foto de familia de todo el Grupo Parlamentario que tuvo lugar en la emblemática escalinata de los leones, en la fachada principal del Congreso de los Diputados, coincidiendo con el primer día en el que los diputados pueden pasar por la Cámara para acreditarse y cumplimentar la documentación requerida de cara a la sesión constitutiva de las Cortes el próximo 3 de diciembre.

De igual modo, en el caso de que «alguien» pudiera plantear una reforma de la Constitución en la próxima legislatura con «ensoñaciones federales», VOX también hará uso de los 52 escaños para «exigir que cualquier reforma constitucional sea votada por el pueblo español».

Del mismo modo, harán uso de sus escaños «para recurrir los distintos estatutos de Autonomía que se vayan aprobando en las distintas regiones». En este sentido explicó que tienen conocimiento de que en el País Vasco «ya hay conversaciones» entre el PNV y el Partido Socialista. «Nos tememos lo peor, un Estatuto que trate de desbordar la legalidad constitucional y nosotros recurriremos lo que se apruebe en el Parlamento vasco».

Y es que, como establece la ley, bastan 50 diputados para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier ley que apruebe el Congreso y contra cualquier Estatuto de Autonomía, entre otras normas.

De igual manera, según establece la Constitución en su artículo 167.3, cualquier reforma constitucional aprobada por las Cortes «será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Es decir, con solo 35 diputados se puede exigir que someta a consulta popular cualquier modificación de la Carta Magna que se pretenda llevar a cabo.