Al final, las semanas de máxima tensión entre los dos socios de Gobierno, resulta que se debían a una sola palabra: derogar. Estamos hablando, como se supone, de la reforma laboral que enfrenta al Ministerio de Economía, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, y el Ministerio de Trabajo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente. Es decir: el PSOE frente a Podemos.
No en vano, la actual líder de los morados prefirió una vicepresidencia de menor rango antes que dejar un ministerio convertido en la punta de lanza del relato de los beneficios que, el Ejecutivo de coalición, tiene para la "clase trabajadora" de este país.
Y la palabra "derogar" era el mensaje clave. Pero, ¿se va a derogar realmente?. Pues todo hace indicar que no, aunque Pedro Sánchez se haya tenido que tragar sus propias palabras. Todos los expertos coinciden en que los cambios en la legislación, que deben ser pactados con sindicatos y patronal, no suponen en absoluto la abolición de la norma impulsada por el PP de Mariano Rajoy. Una norma que recortó derechos sindicales e hizo desaparecer la indemnización por despido con cuarenta cinco días de salario por año trabajado.
Bruselas, y la necesidad de que la CEOE de apoyo al proyecto, hacen que la derogación se convierta en un sinónimo de cambios que afectarán a la temporalidad, a la duración de los convenios y al marco de los mismos.
Pese a los buenos datos de empleo de octubre, que conocimos ayer mismo, nuestro país sigue en la cabeza del ranking de los miembros de la UE con mayor número de parados y con una fragilidad del mercado laboral que cualquier crisis, por pequeña que sea, deja cientos de miles de trabajadores en la calle. Por no hablar de los contratos basura que van a condenar a varias generaciones a no tener derecho a pensión por falta de la cotización requerida a la Seguridad Social. Del intolerable abuso de los "interinos" deberían dar cuenta las administraciones públicas, empezando por los dos partidos que gobiernan en Moncloa.
Porque, mucho más importante que si se deroga o no la enésima legislación laboral de la democracia, es acertar con la fórmula que consolide el mercado de trabajo, respete los derechos de empleados y empleadores y saque a España del furgón de cola de la precariedad laboral. Si, además, se frena la sangría de los médicos, enfermeras, ingenieros y otros licenciados que deben buscar su futuro fuera del país, dejaremos de exportar a Europa lo mejor del capital humano.
Eso, y no las palabras, debe constituir la base de la nueva legislación laboral.