La diputada nacional del PP por Ciudad Real Rosa Romero acudió a las Cortes de Castilla-La Mancha para dar a conocer el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión y el presupuesto regional de 2017. En rueda de prensa, Romero calificó este informe de «grave» pues, según detalló, Emiliano García-Page, que en aquella época gobernaba con el apoyo de Podemos, «cometió graves irregularidades, como nunca antes las había visto».  «Es de lo más grave que he visto en los últimos informes de fiscalización que he podido estudiar», aseveró la diputada del PP, que pidió explicaciones por ello al presidente regional.

Dicho esto, enumeró algunas de esas anomalías como, por ejemplo, que el Consejo de Gobierno aprobara hasta ocho millones de euros en «adquisiciones, servicios o prestaciones sin una fiscalización previa». Asimismo, informó de que a comienzos de 2017 el Ejecutivo regional debía a los acreedores «unos 66 millones de euros», que se convirtieron al final del ejercicio «en cerca de cien millones». 

El Ejecutivo socialista, recoge también el documento del órgano fiscalizador, «incumplió el objetivo de déficit». Éste debía haberse cerrado, dijo Romero, en el 0,6% del PIB regional pero, sin embargo, finalizó en «el 0,71%». «También incumplió la regla del gasto, pues hubo más gastos que ingresos, por lo que volvemos a ir mal en Castilla-La Mancha», lamentó la diputada ‘popular’. 

La deuda tampoco sale bien parada en este informe, algo que, en opinión de Romero, pone en«peligro» el mantenimiento de los servicios públicos en la comunidad.

Pero aquí no acabaron las críticas del PP. Romero recordó que García-Page, según el Tribunal de Cuentas, «incrementó el número de directivos en la Agencia del Agua sin estar contemplado en los presupuestos» y en el ente público Radio-Televisión Castilla-La Mancha.

ATAQUE A LA IGUALDAD. Del mismo modo, el Gobierno regional actuó incorrectamente en 2017 en lo que respecta a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sostuvo Romero, pues «estuvo dos años sin un Plan Estratégico» en esta materia; o, por ejemplo, «dejó sin justificar 19 millones» que debieron estar destinado a políticas puestas en marcha por el Instituto de la Mujer. En medio ambiente o sanidad, concluyó, el Tribunal «también da un tirón de orejas» al Gobierno.