Desde el pasado año, coincidiendo con la pandemia, España es el país que registró el mayor incremento de deuda pública de la UE para hacer frente a una crisis sanitaria que desbordó todas las previsiones e incrementó el déficit hasta el 11%. La paralización de la actividad no esencial significó un freno sin precedentes para el crecimiento y dejó una factura que se tardará en pagar, además, de las secuelas que ha causado en forma de cierre de empresas y de un daño enorme en el tejido productivo.

En 2020, la ratio del pasivo sobre el PIB de las administraciones experimentó un alza de 24,4 puntos porcentuales, hasta el 120%. Una cifra que se ha superado el pasado septiembre al escalar hasta el 122,1% con más de 1,43 billones de euros, el mayor récord alcanzado en esta materia en España y, lo que es más grave, es que va en aumento.

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, defiende que «la sostenibilidad de la deuda del sector público depende de cinco factores: su nivel o magnitud, los intereses que se pagan según sea el tamaño de pasivo, el crecimiento económico, los ingresos fiscales y el compromiso político. En la situación actual y, a pesar de que el nivel de este indicador en España, es de los más altos de la eurozona, los tipos financieros se pueden asumir con relativa comodidad dado el bajo nivel de los intereses, la expansión prevista de la economía para este año, los ingresos fiscales y, por supuesto, el firme compromiso político» que existe.

Se trata de una de las economías más golpeadas, aunque no la única, ya que, por ejemplo, Italia sobrepasa el 155,8%, Francia el 115% o Alemania el 69,8% del PIB.

El aumento del déficit público, que se disparó hasta el 11% el pasado ejercicio, fue el principal responsable de esta tormenta económica con el que desde el Estado se trataba de hacer frente con todas las armas a una crisis sanitaria que, además de dejar miles de víctimas mortales en todo el país, provocó el cierre de casi 70.000 compañías.

Los expertos consideran que digerir y saber gestionar la enorme deuda que tiene España no es fácil sin un planteamiento muy riguroso de reformas estructurales. El sistema nacional precisa a corto y medio plazo sanear las cuentas públicas sino se quiere caer en la amenaza que recientemente advirtió la AIReF al señalar que se podría superar la barrera del 190% en 2050 si no hay una política correctora y si se mantiene el déficit estructural primario constante de un 1,5% anual del PIB.

Los últimos datos de este indicador ponían de manifiesto que la deuda pública española volvió a marcar el pasado septiembre un nuevo máximo histórico que superó los 1,43 billones de euros. Es la cuarta tasa más alta de la Unión Europea, después de Grecia, Italia y Portugal, lo que significa que se debe 1.432.301 millones de euros, según los datos del Banco de España, que confirma que ya está por encima del 122,1% del PIB y que es, además, consecuencia de un incremento que aglutina el pasivo de todas las administraciones, tanto la central como de las comunidades autónomas y la local.

El supervisor financiero confirmó que  también el   déficit público nacional está en cotas muy elevadas al registrar un 7,3% de su PIB. En la Unión Europea, Eurostat publicó, sin embargo, que ese mismo indicador se coloca a día de hoy en el 6,3%.

La AIReF avanzó en esta línea que prevé que España cierre 2021 en el 123% del PIB aunque destacó que, en 2022, podría corregirse hasta el 115,2% gracias a la buena marcha que lleva la economía.

El profesor Balado recuerda que «el coste medio de la deuda en circulación es del 1,6% y que durante la crisis financiera aún era mayor con el 4,5%, lo que significa que la factura está ahora en 26.000 millones de euros anuales, el 2,3% del PIB, cuando hace solo cinco años estaba en 35.000 millones. Cada punto que suben los tipos, implica un incremento del coste de 16.000 millones».

Es importante controlar el nivel de deuda pero, para los mercados que deben financiarla, es más importante aún, según sostiene Carlos Balado, que se pueda pagar y, para el Estado, que su coste sea el mínimo posible porque los recursos dedicados no se pueden destinar a otros fines como, por ejemplo, la educación, sanidad, pensiones, etc.

Presión fiscal

Los economistas liberales cuestionan la estrategia que el Gobierno está aplicando para corregir este indicador con una mayor presión fiscal tanto a los trabajadores como a las empresas para mejorar los ingresos del Estado, puesto que, a su juicio, lejos de solventar la deuda, se ha incrementado más a cotas mayores que comprometen la solvencia del sistema y el crecimiento. Así, defienden que una mayor recaudación vía impositiva significa menor poder adquisitivo y un menor consumo para los españoles, factores que frenan la recuperación en un momento estratégico para la economía del país.