La España de dentro de tres décadas deberá seguir contando con agricultores y ganaderos de carácter familiar como la base de su sistema agroalimentario. Para ello, son necesarias políticas activas y estrategias de futuro que fomenten una producción variada y suficiente de alimentos con la dieta mediterránea como guía. Así se lo han trasladado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el secretario de Ganadería de la organización, Román Santalla, al director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno, Diego Rubio, en una reunión en el Palacio de La Moncloa. Un encuentro «muy necesario» según la delegación de UPA, que espera que fructifique en forma de políticas de apoyo a los productores de alimentos que viven y trabajan en el medio rural.
UPA ha explicado en Moncloa que anhelan una España 2050 en la que la profesión de agricultor y ganadero sea esencial para el país. «La lucha contra el despoblamiento y por el reto demográfico no puede abordarse sin contar con el sector primario». Los retos de la sostenibilidad y el cambio climático también deben afrontarse de la mano de los agricultores y ganaderos.
En relación con el modelo alimentario para el futuro de España, Ramos y Santalla han trasladado a los representantes del Gobierno la necesidad de proteger a los agricultores y a los ganaderos de carácter familiar de todos los sectores. «Aquí no sobra nadie, mucho menos en el medio rural, y muy especialmente los ganaderos». «La sociedad necesita hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales, y somos los agricultores y ganaderos los que mejor podemos suministrárselos», señala UPA. Pero también está necesitada de una cultura alimentaria, una vertebración del territorio y una protección del medio ambiente y de la biodiversidad: «todos esos valores solo puede aportarlos la agricultura y ganadería familiar», han explicado los representantes de UPA a los ideólogos del Gobierno para la España 2050.
La ganadería, en el centro.
Por otra parte, con motivo de la concentración celebrada la pasada semana frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en contra de la protección del lobo, 30 organizaciones del mundo rural han aprovechado para reivindicar una vez más el papel de los ganaderos y tratar de defenderlos de uno de sus principales problemas en muchas zonas con el lema ‘Y a los ganaderos, ¿quién los protege?’. UPA, que se encontraba entre los asistentes, ha calificado de «una lástima» que ganaderos de toda España se hayan visto obligados a acudir a Madrid a hacer escuchar su voz por un conflicto «que debería resolverse, y no enconarse». Su secretario de Ganadería, Román Santalla, presente en la concentración, ha pedido al Gobierno que ponga a la ganadería en el centro de la estrategia de gestión del lobo ibérico en España. «Ya somos víctimas de los ataques del lobo, no queremos serlo también de decisiones erróneas», ha recalcado.
Desde el principio de este conflicto, UPA ha abogado por una «convivencia razonable» entre la protección de este depredador y la protección de la ganadería, una actividad que sí está en peligro de extinción como indican las cifras del Ministerio de Agricultura. «No podemos ignorar los efectos de los ataques de lobos en el ganado extensivo, en las razas autóctonas, en vacas, ovejas, cabras, caballos y perros, y sus crías».
Para que exista esa convivencia «el lobo debe estar donde deba y pueda estar», ha explicado el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, citando al desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los mayores defensores del lobo en coexistencia con la ganadería extensiva. «El Gobierno debe escuchar a los ganaderos, que son quienes conviven con el lobo y lo sufren cada día», han declarado los responsables de UPA. «Un blindaje unilateral de la especie sin contar con la ganadería traerá más mal que bien», explican.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometieron con UPA a que no se incluiría al lobo en el Listado Especial de Especies Protegidas antes de la aprobación de la estrategia de gestión. Un compromiso que, recuerdan desde UPA, debe servir para que los ganaderos se sientan comprendidos, y no despreciados, por una decisión política que puede tener «consecuencias nefastas» para el futuro del medio rural y de la ganadería extensiva. «El objetivo debe ser proteger a la ganadería sin perjudicar a la especie en su conjunto, y para ello consideramos que el control de la especie debe seguir pudiendo ser autorizado allí donde y cuando sea necesario», concluyen desde UPA.
En esa misma concentración, Pedro Barato, presidente de ASAJA, pidió a la ministra Teresa Ribera «que entre en razón» y que tenga en cuenta a las comunidades autónomas en las que realmente vive el lobo, ya que «no les está haciendo ni caso».
«Queremos que la ministra atienda a los representantes legítimos de los ganaderos y que se empiece desde cero» ha señalado Barato, quien además ha reclamado que la publicación de esta orden sobre la protección del lobo «no salga adelante», sino que se elabore «entre todos» la estrategia de la conservación del lobo. Para el presidente de ASAJA, «la ministra pretende proteger al lobo y desproteger a los ganaderos y a la ganadería» y ha resaltado que en 2019 y 2020 se registraron 10.000 ataques de lobos a animales que provocaron unas pérdidas de unos 9,5 millones de euros.
Por su parte, COAG, ante la falta de respuesta por parte de Teresa Ribera a la petición de retirada del proyecto de orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y su «actitud soberbia y autoritaria» ha exigido la dimisión de la ministra. La organización defiende que la inclusión o no en el listado sólo puede decidirse a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que dé seguridad jurídica. Y añade que existe una contradicción por parte del Ministerio si sigue adelante con la publicación de esta orden, ya que no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación.