El Tribunal de Cuentas duda de los avales de la Generalitat

EFE
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El organismo emitirá providencias de embargo respecto de dos afectados que no han presentado fianza

El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el "procés" en el exterior con dinero público y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.

En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que tiene dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales, "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada".

Por ello, la delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.

El Tribunal de Cuentas duda de avales de la GeneralitatEl Tribunal de Cuentas duda de avales de la Generalitat - Foto: Mariscal Mariscal Mariscal

El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas a 34 ex altos cargos catalanes expiraba la medianoche de ayer y el Tribunal de Cuentas debía decidir si los aceptaba, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente a la Generalitat catalana.

El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y ha avisado de que una vez terminado el plazo el Tribunal emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.

El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales procedentes del ICF de 29 de los 34 encausados por vía telemática.

El gobierno de la Generalitat aprobó, a través de un decreto, la creación de un fondo de 10 millones de euros para que en caso de que ningún banco aceptara avalar las fianzas, fuera el ICF el organismo que los diera.

De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse a dicho fondo, mientras que según señalaron fuentes de la consellería de Economía, otros cuatro rehusaron acudir al ICF y habían optado por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.

En todo caso, el Gobierno de Pere Aragonès ya avanzó ayer que si los avales del ICF eran rechazados por el Tribunal de Cuentas, explorarían un plan alternativo.