La Diputación y Cabañero son protagonistas dobles. En lo bueno, porque el actual presidente ha conseguido, por segundo año consecutivo, aprobar sus presupuestos por unanimidad. En la actual distópica realidad política, en la que lo normal es no entenderse de entrada para, terminar tirándose los trastos al término de cualquier negociación, lograr el consenso de todos los partidos implicados, cada uno de su padre y de su madre, es algo que debería de haber salido en todas las portadas de medios locales y, hasta, nacionales.
Es de recibo felicitarnos de que se haya podido llegar a un acuerdo coral; eso supone que, por encima de intereses partidistas de gobernantes y opositores, lo que ha primado es el bien provincial. Mientras celebramos esta buena nueva, no podemos hacer la vista gorda ante otro asunto en el que Cabañero no puede seguir poniéndose de perfil, como hasta el momento. Nos referimos, claro, a que el feísimo caso del presunto amaño de las oposiciones, adscritas al SEPEI, haya, por fin, acabado en dónde debe: en el juzgado de lo penal de Albacete. Poca broma ya. Ahora será la Justicia -esperemos que, con todo su peso- la que fallará si esos 40 funcionarios accedieron, durante un lustro y seis procesos de empleo diferentes, a sus puestos de forma lícita, tras más de ocho años de denuncias del sindicato provincial de Policías y Bomberos. Y es, precisamente en este punto, en dónde Cabañero debe salir a defender que su personal técnico es legal en un altísimo porcentaje. Pero, esto pasa porque apoye públicamente, dando la cara por ellos, a los que reclaman una solución a este desmán de proporciones bíblicas. Su "hacer la estatua" pone en tela de juicio, de forma injusta, al corpus de trabajadores de una Diputación en la que, desde hace demasiado tiempo, algo huele mal. Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con aquellos funcionarios provinciales que, supuestamente, se vacunaron de forma irregular en febrero de 2021? Ya se lo digo yo: nada de nada.