La tramitación de la proposición de ley a los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas ha levantado duras críticas de algunos partidos de la oposición, que acusan al Gobierno de vetar la mitad de las enmiendas presentadas y a rectificar en tan solo 24 horas.
Las prisas del Ejecutivo porque los nuevos gravámenes a las entidades financieras y a las energéticas, incluido el impuesto a las grandes fortunas, puedan entrar en vigor antes de que acabe el año para que empiecen a recaudar en 2023, ha provocado una polémica tramitación, criticada sobre todo por PP y Ciudadanos.
Ambos partidos acusan al Ejecutivo de intentar "pasar el rodillo" en su trámite en comisión, vetando la mayoría de las enmiendas registradas y "hurtando el debate parlamentario", además de que la formación naranja ve "inaudito e intolerable" que PSOE y Unidas Podemos "intenten colar por la puerta de atrás un impuesto sectario e ideológico", como es el "impuesto a los ricos".
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado a EFE que incorporar vía enmienda el nuevo impuesto a las grandes fortunas impide que se puedan presentar enmiendas ni de totalidad, ni parciales, ni transaccionadas.
"Pervierten el sentido original de la ley para aprobar otra completamente diferente y evitando que pase por el trámite parlamentario habitual", incide tras anunciar que Ciudadanos va a presentar un escrito a la Mesa de la Comisión de Economía para que inadmita dicha enmienda al considerar que "supone una grave lesión a los derechos de la oposición".
"Los grupos de la oposición quedamos desamparados para ejercer nuestra labor", recalca tras lamentar que los partidos del Gobierno de coalición hayan rechazado también las comparecencias de expertos antes del debate de enmiendas.
Además, PP y Cs han criticado duramente los vetos que interpuso el Ejecutivo ayer en la Mesa de la Comisión antes de la reunión de la ponencia, y que ascendieron a 43 inadmisiones de las cerca de 136 enmiendas registradas.
"Con esta tramitación exprés el PSOE hurta el debate parlamentario, aplica el rodillo y consuma su arbitrariedad con otras tres subidas de impuestos, y todo para que Sánchez siga en la Moncloa, aunque sea a costa de las instituciones" denuncian los populares.
Mientras, la formación naranja les avisaba de que con este "abuso" de vetos podrían recurrir al Tribunal Constitucional, ya que su jurisprudencia señala que el Gobierno debe "moderarse" a la hora de utilizar el veto que alude a disminución de ingresos o aumento de gastos en las leyes tributarias, dado que el objeto principal de estas leyes es precisamente el de los ingresos del Estado.
"Si es así solo se tramitarían las leyes tributarias del Gobierno sin la participación de la oposición", incide Bal, que valora que 24 horas después de presentarse los vetos el Ejecutivo rectificara y levantara hoy todos ellos.
Desde el PSOE, el portavoz económico en la comisión, Pedro Casares, ha señalado a EFE que se ha levantado la disconformidad a todas las enmiendas "en aras a la negociación y a la flexibilidad, para que se pueda debatir de todo".
"Por favorecer las negociaciones y el buen clima de trabajo", ha añadido.
Así, en la comisión de Asuntos Económicos que se celebra mañana se debatirán cerca de 120 enmiendas que quedan vivas, ya que en la ponencia se incluyeron una decena de las registradas por PSOE y Unidas Podemos, entre ellas la que regula el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
También está ya aprobada la especificación de que los recursos obtenidos por los nuevos gravámenes se utilizará para financiar las ayudas para combatir la crisis energética y quedan pendiente cinco de las enmiendas de estos partidos, que previsiblemente serán transaccionadas mañana con otros grupos, según señalan fuentes Unidas Podemos.
Estas cinco enmiendas regulan la limitación a la compensación de pérdidas de filiales dentro de los grupos, la obligación de pagar el gravamen bancario a las entidades de crédito extranjeras con sucursales en España y el energético, a operadores energéticos principales sujetos al impuesto a los productores de crudo de petróleo, gas, carbón o refino de petróleo en España.